Managua aclara a San José que pagará el costo real de la indemnización a Costa Rica.
Para Nicaragua el cobro que hace Costa Rica de 6.7 millones de dólares por los daños en sus caños fronterizos con “exagerados y desproporcionados”. La fecha límite es el 16 de diciembre de los corrientes, que fue cuando la Corte Internacional de Justicia (CJI) realizara un fallo a favor del gobierno costarrisense.
El gobierno representado por el presidente Daniel Ortega, había estado en silencio y no respondía a los señalamientos que hacía la Cancillería tica, dijo “los valores que Costa Rica asigna a una serie de rubros son exagerados y desproporcionados”.
Según la nota de prensa enviada por la primera dama y vocera gubernamental, Rosario Murillo, “Nicaragua pagará lo justo a Costa Rica acatando la Sentencia de la CIJ de Diciembre de 2015”.
Costa Rica había enviado a Nicaragua una documentación compuesta por dos folders denominados “Valoración Monetaria” y “Gastos incurridos por Costa Rica que constituye Reparación Material”. “Ambos documentos suman un monto total en concepto de daños materiales y gastos varios a compensarse de $6,723,476.48”, dice la misiva firmada por Carlos Argüello Gómez, representante de Nicaragua ante la CIJ.
“Los documentos remitidos por el Gobierno de Costa Rica han sido evaluados detenidamente por el equipo de expertos de la República de Nicaragua, quienes han concluido que la mayoría de los rubros ahí indicados no son objeto de compensación de acuerdo con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 16 de diciembre 2015, por no derivarse estos directamente de las actividades realizadas por Nicaragua en la zona en disputa. Dichos rubros carecen del nexo causal necesario con los daños materiales causados por Nicaragua que fueron comprobados por la Corte”, indica el escrito oficial.
“Entre los rubros que carecen de nexo causal con el daño se han identificado, entre otros, las operaciones de la Fuerza de Seguridad Pública y la Policía de Fronteras relacionados al ejercicio de sus tareas ordinarias y cotidianas de resguardo del territorio costarricense, así como también las tareas ordinarias y cotidianas del personal del área de conservación tortuguero para la protección de humedales en general. Mismo criterio aplica a los salarios de fuerza pública, guardacosta o cualquier oficina gubernamental, al igual que a las construcciones de puestos policiales en zonas lejanas al territorio que la Corte calificó en su momento como territorio en disputa”, señala la nota.
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“El equipo de expertos de Nicaragua a su vez considera que los valores que Costa Rica hizo a una serie de rubros son exagerados y desproporcionados. Costa Rica tampoco ha presentado recibos o facturas que puedan corroborar el monto de ninguno de los rubros que reclama”, agrega la respuesta de Managua a San José.
La CIJ, con sede en La Haya, Holanda, aceptó en el 16 de diciembre la soberanía de poco más de 2.5 kilómetros cuadrados de humedales a Costa Rica sobre el extremo norte de Harbour Head o Isla Calero, y ordenó a Nicaragua indemnizar al país vecino tras los daños causados, en esta disputa.