Washington – La decisión de un juez de Maryland de impedir la entrada en vigor del segundo decreto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, será examinada desde en un Tribunal de Apelaciones.
Esta instancia del Cuarto Distrito, ubicada en Richmond, Virginia, escuchará los argumentos de los abogados del Gobierno en defensa de la disposición, que pretende frenar la entrada de refugiados de cualquier país a Estados Unidos durante cuatro meses.
La medida, versión de un veto de viajes previo que también fue bloqueado en los tribunales, busca además imposibilitar el otorgamiento de visas por 90 días a sirios, libios, iraníes, sudaneses, yemenitas y somalíes.
En las primeras horas del último 16 de marzo, a punto de entrar en vigor el decreto firmado por Trump 10 días antes, el juez Theodore Chuang, de Maryland, acogió un pedido de grupos de activistas de frenar la medida por considerarla discriminatoria contra los musulmanes.
Previamente, Derrick Watson, colega de Chuang en Hawái, había bloqueado la iniciativa, cuya primera variante fue rubricada el 27 de enero e incluía a los ciudadanos Iraq entre los imposibilitados de recibir permisos de viajes.
A juicio de sus opositores, la orden presidencial viola la cláusula de establecimiento de la Constitución que impide la discriminación religiosa.
También consideran que se interrumpen las funciones de compañías, instituciones de caridad, universidades públicas y hospitales que tienen relaciones profundas fuera de Estados Unidos.
Después de conocer el bloqueo a su decisión, Trump profirió críticas sobre ese paso y manifestó que buscaría revertirlo.
Este fallo nos hacer ver débiles, vamos a combatir esta terrible resolución y vamos a llevar el caso tan lejos como sea necesario, incluso a la Corte Suprema de Justicia, puntualizó.
Vamos a ganarlo, vamos a aplicar inteligencia y sentido común y nunca nos vamos a rendir, agregó el jefe de Estado durante un acto masivo, al estilo de su campaña electoral, en el estado de Tennessee.
De acuerdo con el sistema judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.