Denuncian la “impunidad” en los ataques a los periodistas en Honduras

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Organizaciones nacionales e internacionales alertan que la investigación de crímenes a periodistas “ha sido casi nula” y pone “en un alto nivel de vulnerabilidad” a los profesionales de la información
Un periodista es alcanzado por el chorro de un cañón de agua mientras cubre una protesta contra el alza de los precios de la energía en Tegucigalpa, Honduras, el 2 de junio de 2018.

“Ejercer el periodismo en Honduras es una profesión de riesgo”, es la frase que repiten una y otra vez distintas organizaciones nacionales e internacionales.

Critican la “pasividad” del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para poner fin “a las muertes injustificadas” de periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y otras personas vinculadas a los medios de comunicación que, en los últimos años, han muerto por causas aún desconocidas.

Osman Leonel Reyes Pavón, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), expresó su profunda preocupación durante una entrevista con la Voz de América.

“Tenemos una situación bastante compleja porque desde el año 2000 hasta ahora se han reportado alrededor de unas 90 muertes de profesionales de la información”, alerta el portavoz del CPH.

A todo eso, lamenta “la alta tasa de impunidad” que ha habido en esos casos y señala que “la investigación criminal ha sido casi nula”, lo que ha provocado la creciente vulnerabilidad de los periodistas a la hora de ejercer su profesión.

“Esa situación de impunidad nos pone un alto nivel de vulnerabilidad a las personas que trabajamos en medios de comunicación”, decía Pavón, que actualmente también ejerce de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Derogación del artículo 335-B

Su posición al frente del CPH le ha permitido denunciar las acciones ejercidas por el gobierno de la nación al promulgar leyes que “buscan coartar la libertad de expresión”.

En 2018, gracias a la lucha del Colegio de Periodistas de Honduras, el Congreso Nacional derogó el artículo 335-B del Código Penal hondureño que establecía que “quien públicamente a o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro a ochos años de prisión”.

Esa denominada “Ley Mordaza” por sus críticos permitía juzgar a los periodistas que entrevistaran y difundieran las palabras de aquellas personas a las que el Estado hondureño considerara “terroristas”.

La ley de ciberseguridad, a debate en Honduras

Los “ataques” a la libertad de expresión en el país siguen hoy en día, según señalan algunos activistas en declaraciones a la VOA. Actualmente el Congreso Nacional está debatiendo una legislación sobre ciberseguridad que “viene a poner límites a la libertad de expresión”.

“Buscan censurar el contenido de algunas redes sociales, pero lo más grave es que también buscan sancionar a aquellos que repliquen o compartan una información con datos inexactos”, comenta Pavón aunque admitió que aún “no hay mucha claridad” sobre los puntos clave de esta nueva normativa.

“Los periodistas se ven obligados a autocensurarse”

La vigente “Ley de Secretos”, dice el presidente del CPH, bloquea “el acceso a la información que antes tenían los periodistas, especialmente para investigar temas de corrupción”.

“Contra eso se ha venido luchando y son cosas de las que ponen en alto riesgo a los periodistas”, apostilla. Esas medidas están teniendo efectos: muchos periodistas ejercen ahora “autocensura” ante el miedo de ser represaliados o incluso encarcelados por publicar ciertas informaciones.

Por ejemplo, muchos periodistas han tenido que silenciar su voz a la hora de denunciar casos de narcotráfico o de crimen organizado para evitar ser perseguidos. “Algunos (periodistas) han sido objeto de amenazas y otros han tenido que callar por el mismo temor de que en algún momento se pudieran tomar algunas represalias”, comenta Pavón.

“Tener una actitud crítica es una sentencia”

Cesáreo Padilla es periodista y, desde hace varios años, ejerce de responsable de alertas del Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), una organización nacional de derechos humanos que trabaja por preservar la libertad de expresión y el acceso a la información en el país.

Él denuncia los ataques hacia los periodistas para bloquear la divulgación de informaciones, sobre todo aquellas relacionadas con los derechos humanos.

“Tener una actitud crítica hacia la gestión gubernamental es prácticamente una sentencia para estar vigilado, amenazado o que puede tener una serie de repercusiones”, comenta Padilla.

Él lo ha vivido en primera persona. El 2 de noviembre, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, sufrió varias agresiones policiales y estuvo arrestado durante más de ocho horas tras cubrir informativamente una protesta que se estaba llevando a cabo en la capital hondureña.

“A pesar de que estaba debidamente identificado, con mi carné y con mi chaleco que respalda mi labor en la organización, esa fuerza pública evidenciaba que en lugar de ofrecer protección lo que hace es mantener esa vigilancia y ese asedio hacia periodistas que ya tienen plenamente identificadas”, subrayó.

Contactos sin éxito

El Colegio de Periodistas de Honduras es una institución que nació en los años 1970 con el objetivo de dar voz y velar por los derechos de los profesionales de la información en el país. Surgió a raíz de un decreto de ley y es reconocida por el Estado hondureño.

En los últimos tiempos, varios representantes del CPH se han reunido con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla Banegas, con miembros de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y con secretarios de seguridad para abordar los problemas de los periodistas en el país.

Sin embargo, “no se ve un avance en las investigaciones” para aclarar las causas de muertes de los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

La SIP lamenta la situación

Roberto Rock, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa y Opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lamenta la situación que viven “los colegas que están intentando cumplir con sus compromisos con la comunidad enfrentan ciertamente más problemas” y recuerda que Honduras no es el único país que está sufriendo los ataques a la libertad de prensa.

“Hay otros países como Cuba, Venezuela o Nicaragua que están atentando contra la libertad de información, incluso amparándose en la crisis sanitaria del coronavirus para que no se difundan ciertas noticias”, apunta Rock durante una entrevista con la VOA.

La aparición de nuevas tecnologías, el uso masivo de celulares y la proliferación de redes sociales han permitido la divulgación de información de una forma más fácil, incluso por personas que ni siquiera se dedican al periodismo.

Es por eso, comenta Rock, que algunos gobiernos de la región están discutiendo la posibilidad de imponer medidas para bloquear este tipo de “periodismo ciudadano” con el objetivo de “coartar la libertad de prensa”, como atiene la ley de ciberseguridad de Honduras.

El gobierno de Honduras se escuda en la pandemia

En el marco de la emergencia nacional para hacer frente a la pandemia, el presidente Hernández suspendió los derechos y garantías constitucionales, entre ellos la libertad de prensa, con el pretexto de que no se podía difundir información errónea sobre el coronavirus y de hacerlo tendría consecuencias.

“Si (los periodistas) están haciendo mal las comunicaciones, las autoridades van a tener que actuar, no se molesten y si se molestan lo siento mucho, pero nuestro deber es cuidarlos a ustedes, con este nivel de contagio”, defendió el mandatario en cadena nacional al bloquear esa legislación.