El Salvador: Ministerio Público embarga propiedades a expresidente del Congreso

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Las autoridades presumen que las propiedades son producto del lavado de dinero. El exfuncionario afirma que las acusaciones forman parte de una “persecución política”
En la foto de archivo, a la izquierda, el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado de enriquecimiento ilícito mientras era presidente y, a la derecha, el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, en San Salvador, el 1 de junio de 2012.

El titular de la Fiscalía General de República (FGR) de El Salvador, Raúl Melara, informó el miércoles sobre el embargo de propiedades de Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa de ese país, las cuales se presumen son producto del lavado de dinero.

Reyes, quien está siendo procesado por los delitos de peculado y lavado de dinero, se encuentra asilado en México, país desde donde ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones, alegando que sufre una “persecución política”.

Según detalló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, se incautaron “once bienes relacionados al caso del expresidente de la Asamblea Legislativa: siete a nombre del exfuncionario y cuatro más a nombre de sus familiares”.

Además, la FGR informó que, con los nuevos embargos, ya son 30 propiedades las que se suman al proceso judicial abierto contra el exfuncionario.

Por su parte Reyes respondió a las acusaciones, retuiteando una nota de un medio local, aduciendo que el caso en su contra se “está cayendo a pedazos”.

El Ministerio Público sostiene que Reyes tuvo un incremento patrimonial sin justificación de 781.844 dólares, cuando fue parlamentario y luego presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, y que parte de esos fondos los obtuvo a través de cobros de viáticos para viajes oficiales que él mismo autorizó como presidente del Congreso.

De acuerdo con publicaciones de Associated Press, las autoridades salvadoreñas también han acusado a otras diez personas de formar parte de esa red de corrupción, entre ellas, la esposa de Reyes, tres empleados de la Corte de Cuentas de la República, y otras tres del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada, quienes supuestamente habrían bajado el precio de varios inmuebles que luego compró una empresa de la que Reyes es socio.

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