Ayer miércoles, agentes de inteligencia allanaron la casa de la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, tras pedido de arresto de su esposo Germán Ferrer, ex diputado del chavismo acusado de extorsión por el oficialismo.
“En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo”, escribió la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.
La fiscal, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en la residencia, en el norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su “lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”.
El nuevo fiscal Tarek William Saab, pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción.
“Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia”, dijo ayer miércoles el chavista Saab, al anunciar la medida contra el legislador.
Según el oficialista Diosdado Cabello, Ferrer operaba como el cabecilla de una red de extorsión al interior de la Fiscalía de Ortega.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer “esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad”.
Al mismo tiempo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que el legislativo declaraba el proceso contra Ferrer como ‘nulo’ y rechazó que la comisión de la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente desee abrir investigaciones en contra de diputados del parlamento.
Borges dijo que irían al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) así como a los demás organismos internacionales de la región para que estén enterados de la iniciativa.
El parlamentario dijo además que la Mesa de la Unidad Democrática responderá todas las inquietudes relacionados con las elecciones regionales que se realizarán en octubre.
Estados Unidos limitó esta semana el visado a los venezolanos tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente liderada por el Gobierno de Maduro. Las citas para nuevos solicitantes del tipo de visa B1 y B2 que corresponden a turismo y negocios, han sido suspendidas desde el 18 de mayo de 2016 cuando en una misiva, la embajada en este país explicara que “la Cancillería de Venezuela se ha negado durante varios meses a emitir visas para el personal de la Embajada de Estados Unidos”.