Unas cinco explosiones e incendios se han registrado este año en instalaciones petroleras de Venezuela. Hace semanas, cinco tripulantes murieron por el hundimiento de una barcaza. Varios factores favorecen al aumento de accidentes en el sector clave para la economía del país, según expertos.
El clima de opacidad de las operaciones petroleras de Venezuela, la ausencia de mantenimiento de las instalaciones, la falta de capacitación del personal y el temor a denunciar las condiciones de inseguridad, favorecen el aumento de accidentes en el sector, de acuerdo con expertos y fuentes sindicales.
A principios del siglo XX, la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) era considerada una de las principales y más seguras empresas en el mundo debido a sus estándares de calidad, eficiencia, producción y la ausencia de accidentes.
La estatal petrolera, incluso, llegó a ganar premios por su baja tasa de accidentes. Según expertos, como el ex director de PDVSA José Toro Hardy, esa reputación cambió entre 2006 y 2011, cuando se reportaron hasta tres accidentes diarios, en promedio.
En los últimos tiempos, sin embargo, investigadores, analistas, sindicalistas y trabajadores de la industria petrolera venezolana han notado un aumento de la ocurrencia de situaciones que comprometen la seguridad de empleados, operaciones e instalaciones por igual.
El 28 de septiembre pasado, PDVSA confirmó el hundimiento por “malas condiciones climáticas” de una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el occidente del país, que causó las muertes de cinco de sus tripulantes.
En marzo de este año, un incendio en la refinería de Cardón (estado de Falcón) forzó su paralización, según un reporte de la agencia Reuters. En agosto, hubo una situación similar en esas mismas instalaciones, con capacidad de refinar 310.000 barriles por día.
En julio, el gobierno confirmó la explosión e incendio de una tubería de gas de la estatal petrolera en el estado oriental de Anzoátegui, sin víctimas, por un presunto sabotaje.
En enero, se incendió el antiguo patio de tanques de PDVSA en Los Puertos de Altagracia, en el estado occidental de Zulia, sin víctimas ni lesionados. En marzo, se informó de otro siniestro en los pozos de residuos petroleros de PDVSA en la Costa Oriental del Lago.
Un valor de otros tiempos
El año pasado, el independiente Observatorio de Ecología Política de Venezuela registró 8 incendios en instalaciones de PDVSA en Anzoátegui, Falcón, Monagas, Portuguesa y Zulia, pero sin descartar la existencia de otros que no hayan sido reportados por la prensa.
La frecuencia de los siniestros de los últimos años dista de los registros de seguridad de la PDVSA de principios de siglo, donde se celebraban y publicaban los hitos de miles de horas sin accidentes, recuerda el experto en la industria Antonio De La Cruz.
“La no ocurrencia de siniestros era un valor de esa PDVSA”, antes de que el expresidente Hugo Chávez despidiera a miles de trabajadores y gerentes de la estatal petrolera por haberse sumado a una paralización de actividades por más de dos meses, explica.
De La Cruz, analista no asociado del centro de investigación estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), atribuye el aumento de sucesos de inseguridad en PDVSA a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, la escasa capacitación del personal y a la existencia de leyes “opacas” para sus operaciones.
En 2020, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó una Ley Antibloqueo para las actividades energéticas, que permite al Estado venezolano reservarse detalles clave de sus operaciones petroleras, como los pormenores de sus servicios contratados.
Iván Freites, sindicalista petrolero venezolano, asegura que los reportes oficiales de accidentes en la industria se dejaron de publicar paulatinamente a finales de la primera década del siglo XXI, durante la administración del expresidente Hugo Chávez.
Denuncia que la falta de transparencia del Estado venezolano sobre esos accidentes ocurre por el aumento de su frecuencia. Afirma que PDVSA dejó de publicar esas cifras después de la explosión ocurrida en 2012 en el complejo de refinación de Amuay, en el estado occidental de Falcón, donde hubo 55 muertos y más de 150 heridos.
Temor a detenciones o renuncias forzadas
Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de trabajadores Petroleros de Venezuela, resalta que las leyes exigen la designación de delegados de prevención y de un comité de investigación de esos accidentes en la industria.
“Eso no existe. Y el que hable va preso”, dice, resaltando el temor que hay entre sindicalistas y trabajadores petroleros de denunciar públicamente esos accidentes.
En febrero pasado, fue detenido un trabajador jubilado de PDVSA, Carlos Salazar, por criticar al empresario colombiano y funcionario del gobierno venezolano, Alex Saab. Luego de la elección presidencial de julio, se difundieron videos de trabajadores petroleros siendo detenidos en sus puestos de trabajo por agentes de inteligencia policial y militar.
En agosto, sindicatos denunciaron que más de 100 empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, además de otros en el Ministerio del Petróleo y de otras áreas del sector público, fueron obligados a renunciar por sus posturas políticas tras las disputadas elecciones presidenciales.
Fuentes con conocimiento de la industria petrolera comentaron a la VOA bajo condición de anonimato, por temor a represalias, que dentro de PDVSA “se perdió el compromiso gerencial con la seguridad” de sus trabajadores.
“La acumulación de errores en las operaciones terminan en accidentes. Antes que ocurrieran esas explosiones e incendios, hubo una cantidad de indicios y eventos que hubiesen permitido advertir lo que iba a pasar”, advierte uno de los consultados.
Además, denuncian fallas en las investigaciones de esos accidentes, cuyos resultados no se comparten públicamente, y advierten que las “presiones” para aumentar la producción en los campos petroleros aumentan las probabilidades de accidentes.
En 2023, PDVSA se vio salpicada por un escándalo de corrupción milmillonaria que derivó en el arresto de decenas de dirigentes y empresarios, entre ellos el exvicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro y exministro petrolero, Tareck El Aissami.
Sin embargo, el gobierno venezolano considera que la empresa estatal está hoy “en la cúspide de su recuperación estratégica”, de la mano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el presidente Maduro puso al frente de la industria hace semanas.
Según sus comunicados, Venezuela tiene “una industria petrolera eficiente, soberana y reconocida internacionalmente por su confiabilidad y prestigio es una realidad”.
La producción petrolera nacional aumentó en septiembre a un promedio de 943.000 barriles diarios, de acuerdo con cifras oficiales. En 1999, esa cifra superaba los 3 millones de barriles por jornada, si bien entre 2020 y 2021 era ligeramente mayor al medio millón.
La industria petrolera se encuentra afectada desde esos años por un régimen de sanciones económicas y licencias especiales del gobierno de Estados Unidos, que dice querer presionar al poder político venezolano para que facilite una transición democrática.