II. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL
8. «Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política y filosófica. Dios les ha otorgado su primera misericordia (…)». Por eso, en la Iglesia, como personas y como institución, «estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (Evangelii Gaudium, 198). No obstante los esfuerzos del Gobierno por superar el problema de la pobreza, seguimos sufriendo en el país lo que el Papa Francisco ha llamado la «cultura del descarte». Gran parte de nuestra población vive en la miseria, el desempleo es alarmante, el costo de la vida y la pobreza crece continuamente mientras que al mismo tiempo, como ha ocurrido siempre en la historia de este país, unos pocos individuos y grupos de poder siguen enriqueciéndose sin medida. Los pobres en la sociedad «ya no están abajo, en la periferia o sin poder, sino que están fuera. Los excluidos nos son “explotados” sino desechos, “sobrantes”» (Evangelii Gaudium, 53).
9. Haciéndonos eco de esta cercanía misericordiosa de Dios hacia quienes más sufren a causa de la pobreza en todas sus formas, queremos compartirles algunas preocupaciones que tocan nuestros corazones de pastores. Nos alegramos por la construcción del nuevo hospital en Mulukukú y de otros más en el país y la mejor atención brindada en algunos centros de salud de las zonas rurales. Sin embargo, constatamos en muchísimas otras zonas y ciudades del país la generalizada falta de atención médica de calidad en hospitales y centros de salud y la ausencia de medicamentos adecuados para muchas enfermedades.
¿Está el Gobierno preocupado por este doloroso problema que afecta a tanta gente pobre que sufre, tanto en el campo como en la ciudad? ¿Qué pasaría si las ayudas brindadas con mucha dificultad por organizaciones como la Iglesia y las ONG dejaran de atender a estos sectores vulnerables de la población? Urgen políticas de salud pública más eficaces y coordinadas que ayuden a ir solucionando este problema tan grave.
10. Vemos con preocupación que muchas de las donaciones, como medicamentos e instrumentos quirúrgicos, para hospitales y centros de salud públicos, que nos llegan como donación del extranjero, encuentran graves dificultades en los trámites aduaneros, corriendo el riesgo de que gran parte de ellos se deterioren o caduquen. Es necesario que el Gobierno de la República facilite que estas donaciones puedan llegar a su destino final con mayor rapidez y eficiencia a favor de nuestros hermanos más necesitados.
11. No obstante que nos alegramos de que ya se esté realizando la licitación para la construcción de la nueva cárcel de Bluefields, con los fondos incautados al narcotráfico internacional, sabemos por medio de nuestra Pastoral Penitenciaria Nacional, organismos de derechos humanos y de la misma Procuraduría de la República, que la población penitenciaria vive un alarmante y peligroso hacinamiento, poniendo en peligro su vida y su integridad y la de los mismos oficiales que laboran en dichos centros. En los últimos años han aumentado situaciones y condiciones en donde se practica un trato inhumano cruel y degradante a ciudadanos nacionales y extranjeros sobre todo en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”. Tenemos la suficiente documentación de las personas que han sufrido tales maltratos provenientes de distintas zonas del país. Es necesario que el Gobierno establezca soluciones a corto plazo para evitar graves e irreparables daños a estas personas y erradicar de una vez por siempre esta lacra social en el sistema penitencial del país. Dados estos abusos y maltratos que sufren muchos de nuestros hermanos privados de libertad, nos preguntamos ¿qué valores orientan al sistema penitencial nacional?, ¿qué formación reciben los oficiales que laboran allí, especialmente en materia de derechos humanos?, ¿qué tipo de criterios se utilizan para seleccionar a dichos funcionarios?
12. Exhortamos al Gobierno a que se tome en consideración el Ante Proyecto de Ley, debidamente documentado y presentado en septiembre de 2013 por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) ante la Asamblea Nacional, por el que se pide el cierre definitivo de las cárceles de “El Chipote” y declarar tal lugar museo nacional por las razones antes aducidas. Pedimos al Gobierno que no se ponga ningún obstáculo al acceso de los organismos de derechos humanos a los sistemas penitenciarios del país, de manera que puedan constatar las anomalías e informar consecuentemente a alcaides y autoridades de gobernación. Proponemos que se agilicen las tramitaciones que contempla la ley en el debido proceso, las medidas cautelares y alternativas de beneficios de cumplimiento de condenas. Sugerimos, finalmente, que se establezca una política integral de rehabilitación penal a través de programas de integración social y tratamiento diferenciado para reos según peligrosidad, edad y cumplimiento de condenas.
13. Otro grave problema que sufren muchos nicaragüenses privados de libertad es que habiendo cumplido sus condenas establecidas por la ley, no se da trámite a su salida de la cárcel de parte de las autoridades. Le aseguramos, Señor Presidente, que este es un problema doloroso para muchas familias. También nos preocupa hondamente que al interior de estos penales se estén creando y organizando grupos delincuenciales que ejecutan nuevos delitos organizados fuera y dentro de dichos centros. Es necesario dar una respuesta urgente a esta problemática, que trae graves consecuencias para la paz social.
14. Al reconocer los esfuerzos hechos por el Gobierno en el campo educativo, en la superación del analfabetismo y las mejoras a las estructuras de muchos centros educativos, deseamos manifestar nuestra convicción de que vivimos un momento histórico y cultural en el cual es urgente hacer en nuestro país una opción clara y decidida por la educación de las nuevas generaciones. El futuro de Nicaragua depende en gran parte de la calidad educativa y de los horizontes de racionalidad y de ética que ésta genere en los jóvenes. Sólo una sociedad capaz de pensar y razonar, educada en modo excelente, podrá ser libre y generar procesos e instituciones que salvaguarden la justicia, la paz y la democracia en el país. No hay democracia sin educación de excelencia. La Iglesia no es indiferente a esta opción tan urgente. Por eso considera los centros educativos católicos como elementos vivos y necesarios de su labor evangelizadora, en donde se supere el llamado “reduccionismo antropológico” que orienta a la institución educativa a “no desplegar los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso” (cf. Documento de Aparecida, 328). Animamos al Gobierno a que promueva una educación de excelencia en todos los niveles educativos; a que evite el adoctrinamiento ideológico de los jóvenes en las escuelas y universidades, sin inmiscuirlos en otras actividades fuera del ámbito educativo; a fomentar entre los jóvenes el aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio; a que sean promovidos solamente aquellos que demuestren haber asimilado los conocimientos recibidos; y finalmente a privilegiar el área humanística en donde las nuevas generaciones puedan formarse adecuadamente en el arte de pensar y razonar con sensatez y sabiduría e introducirse con madurez en el mundo de los grandes valores éticos para construir una sociedad justa, pacífica y tolerante.
15. Creemos que es necesario no ahorrar ningún esfuerzo por lograr que Nicaragua vaya siendo cada día más una nación en donde el sistema del Seguro Social sea justo y económicamente sólido a favor de todos los trabajadores del país y que no aparezca como dador de limosna en las manos de los adultos mayores que exigen con su jubilación algo que les pertenece en justicia (cf. CEN, 7.10.11, n. 10g).
16. Es sumamente doloroso que siga en aumento el número de nicaragüenses, jóvenes y adultos que abandonan el país en búsqueda de empleo, exponiéndose de este modo a diversos tipos de explotación, que van desde la violación de sus derechos hasta caer en manos del crimen organizado y el turismo sexual. Estamos convencidos de que el Gobierno podría hacer mucho más en cuanto a la protección del migrante, creando vínculos de colaboración con la Iglesia y con otras instituciones, atendiendo a los migrantes en las fronteras, apoyando las casas de albergue. Sugerimos además acompañar a los jóvenes que han sido becados por el Gobierno en el extranjero para evitar sufrimientos precarios y un regreso frustrado al país. Sugerimos además al Gobierno que haya mayor supervisión de los funcionarios de las fronteras para evitar el drama doloroso del tráfico de menores, a la vez que nos preguntamos sobre el estado actual del proyecto de ley de protección al migrante. En todo caso es un reto urgente para el Gobierno tomar medidas concretas para evitar este creciente flujo de nuestros hermanos nicaragüenses a otros países.