VI. LA INSTITUCIONALIDAD
35. El tema de la institucionalidad no es marginal en un estado democrático, el cual sólo es posible en un Estado de Derecho, en donde el ejercicio del poder está sujeto a la ley y se caracteriza por la independencia y separación de los poderes del Estado, la observancia irrestricta a la ley sin privilegios ni excepciones y el respeto absoluto a la soberanía popular. No es verdad que se pueda asegurar un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera sin instituciones sólidas, erradicación de la corrupción y respeto a la legalidad.
36. En un país como Nicaragua el respeto y la fortaleza de la institucionalidad no sólo es indispensable, sino que adquiere carácter de urgencia política, pues somos un pueblo con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial motivada por el cierre de los espacios democráticos y, al mismo tiempo, lamentablemente somos un pueblo con una cultura política marcada por las ambiciones de poder, el mito de los caudillos mesiánicos y los fraudes electorales. No podemos olvidar la historia.
37. Como Conferencia Episcopal nunca hemos adoptado una posición política de oposición, ni estamos comprometidos con ninguna ideología, grupo o partido político. Nuestra palabra se ha orientado a iluminar las conciencias y a purificar la razón, nos hemos movido en el campo de los valores y lo único que hemos deseado en fidelidad a Jesucristo y al Magisterio de la Iglesia es colaborar a que crezca en el país la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad de actuar conforme a ella (cf. Deus Caristas est, 28).
38. Al inicio del primer período de Gobierno del FSLN en 2007, no dudamos en reconocer algunos aspectos positivos en la gestión del Estado. Entre ellos podemos recordar la superación de la dramática crisis energética, los esfuerzos gubernamentales por llegar a los pequeños productores con asistencia técnica y préstamos accesibles, el proyecto de una educación gratuita y la subvención a los centros educativos parroquiales, el esfuerzo por mejorar el sistema de salud, el desarrollo de algunos proyectos habitacionales tendientes a beneficiar a la gente menos favorecida, notables mejoras en la red vial del país, etc. (Carta CEN, 15.08.08).
39. Sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer sombras oscuras y preocupantes en el panorama social, económico y político del país, a tal punto que en esa misma carta del 15 de agosto del 2008, resumíamos la situación que empezaba a vislumbrarse diciendo: «Desalienta la ausencia de un liderazgo de calidad y comprometido que norme la acción política, en la que todo parece estar al servicio de personas, grupos de poder y de partido, en detrimento del bien común» (n. 13). Ya para el 23 de abril del 2010 era clara la gravedad de algunos actos de transgresión a nuestra Constitución Política y el irrespeto a la institucionalidad del país, sobre todo cuando surgió el tema de la inconstitucionalidad de la reelección presidencial, la ilegítima prolongación de cargos vencidos en el Estado de parte del Ejecutivo y la creciente falta de separación e independencia de los poderes del Estado y otras instituciones gubernamentales. En aquel año volvimos a sufrir en el país con gran inquietud la aparición de actos de violencia callejera contra personas y grupos opositores al Gobierno. En esa ocasión escribimos en una carta: «Las instituciones no deben ser instrumentos en manos de quien gobierna para transformar sus abusos y ambiciones de poder en formas y actuaciones legalmente justificadas» (23.04.10) y meses más tarde llegamos a decir en otra carta: «La ley sigue siendo paradójicamente un mecanismo para legitimar abusos y para hacer pasar por legal lo que es ilegal» (17.11.10).
40. A lo largo de estos años el «acelerado avance de formas de regresión autoritaria por vía democrática» que los Obispos de América Latina detectaban para algunos países del continente en el Documento de Aparecida (n. 74), fue alcanzando niveles considerables en Nicaragua. En dicho fenómeno social ha sido determinante el rol del Consejo Supremo Electoral, «que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad» y a cuyas acciones deshonestas calificábamos en 2011 no sólo como éticamente negativas, sino como pecado, es decir, como actos reprobables a los ojos de Dios (cf. Carta CEN, 16.11.11). A partir del resultado de las elecciones del 2011 la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-Partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro.
41. No lo decimos por afán de llevar la contraria o por intereses ideológicos, sino movidos e iluminados por la fe y el amor a Nicaragua. Creemos que la actual estructura institucional y política del país, no traerá ni a mediano ni a largo plazo ningún beneficio ni para los actuales gobernantes, ni para los miembros del partido gobernante, ni para ningún nicaragüense. Por eso, antes de las elecciones del 2011 proponíamos al país el ideal de una Nicaragua pluralista, con un Gobierno en el que realmente el poder soberano residiera en el pueblo (CEN 7.10.11, n. 10b); por eso a la luz de la concepción del poder como servicio que Jesús nos revela en el Evangelio, juzgamos que «la actividad política en el país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo» (CEN, 26.09.12) y, por eso, finalmente, nos opusimos a las últimas reformas constitucionales, pues no creímos que fuera lo más urgente en ese momento, ni que el modo de llevarlas adelante fuera el mejor y porque con ellas, consideradas globalmente, se ponían serios obstáculos para fortalecer y seguir construyendo una sociedad pluralista y democrática (CEN, 22.11.13). No obstante todo ello, no perdemos la esperanza en que podremos siempre enrumbar el país hacia un verdadero estado democrático.
42. Señor Presidente, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su primer período presidencial en el 2007 y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones. Los años pasan y nadie es eterno. Sin embargo, usted tiene todavía la posibilidad de demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político en la nación; colaborar activamente a replantear el funcionamiento integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un auténtico estado democrático.
43. Frente a la actual situación política e institucional del país, deseamos hacerle con la mejor buena voluntad dos propuestas concretas, que estamos seguros que nuestro pueblo acogerá con esperanza y alegría. La primera es la realización de un «Gran Diálogo Nacional» en el que participen todos los sectores del país. Los Obispos propusimos ya en nuestra carta del 23 de abril del 2010, un camino de «diálogos transparentes y confiables entre el Gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil, que lleven a un entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad y cristalicen en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país y que afronte los grandes problemas de la población» (n. 8).
Creemos que esta propuesta sigue válida. Nicaragua es de todos los nicaragüenses, no de unos pocos. En la democracia todos, sin distinción, tenemos una voz que decir y una responsabilidad irrenunciable de contribuir a la justicia y a la paz. Proponemos al Gobierno dar inicio a este camino de diálogos abiertos, honestos y transparentes por puro amor a Nicaragua. Diálogos que no se hagan de espaldas al pueblo, ni sean simples arreglos de cúpulas que buscan sólo sus propios intereses y la repartición de cuotas de poder. Es fundamental escuchar a los grupos sociales que no están en el poder. Le exhortamos respetuosamente, Señor Presidente, a que se abra al diálogo con todos los sectores de la nación, que acoja otras opiniones y que, incluso inicie mostrando su buena voluntad en este sentido, comenzando a ofrecer periódicamente conferencias de prensa sin discriminación de los medios no oficialistas y que dé inicio lo más pronto posible a este camino de diálogos nacionales para salvar el futuro del país.
44. La segunda propuesta que como Conferencia Episcopal hacemos al Gobierno, no obstante haya ya nombrado o reelecto a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), es dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país. Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras.