Por Adela Cortina
Cuando el 15 de junio de 1977 los españoles pudimos participar en las primeras elecciones democráticas que se celebraron después de 38 años de franquismo, empezamos a aprender por experiencia lo que sabíamos por cuenta ajena de la democracia y los valores que la impregnan. Habíamos seguido los debates de los partidos políticos presentando sus programas y podíamos poner en práctica el valor de la libertad a través del voto. Este se dice que es el distintivo más claro de la tradición democrática: el derecho al voto en elecciones regulares. Pero eso es todavía poco.
La democracia se ha ido cargando de contenidos a lo largo de la historia y la Constitución de 1978 consagró otras formas de libertad, herencia de las tradiciones liberales: la libertad de conciencia, expresión, reunión y el conjunto de libertades básicas, sin las que no hay auténtica democracia ni sociedad abierta y pluralista. Hasta el punto de que cuando hoy se habla de democracias iliberales, que aceptan las elecciones regulares pero no las libertades básicas, hay que reconocer sin más que no son democracias.
Pero la Constitución incluyó valores como la solidaridad y la igualdad en un país configurado como Estado social y democrático de derecho. Es decir, como una democracia liberal-social, que exige proteger los derechos económicos, sociales y culturales, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, porque es incompatible con la desigualdad radical. Requiere empoderar las capacidades básicas de todos aquellos de los que es responsable, para que puedan sacar lo mejor de sí mismos. Eso es lo que significa la igualdad de oportunidades en una democracia que quiere construir la igualdad al alza y no a la baja. Y ahí la labor de la educación es vital. Si hablamos de valores democráticos, libertad, igualdad y solidaridad iban de la mano en el marco del imperio de la ley.
Un paso más en esta línea fue la integración en la Unión Europea en 1986, la entrada en el modelo de la economía social de mercado. Frente al capitalismo estadounidense de corte neoliberal, capaz de producir riqueza pero con inequidad, la Europa social apostaba por el crecimiento con equidad, que era y es, la clave de la cohesión social.
Nuestra democracia es procedimentalmente legítima, pero para cumplir con su tarea de justicia queda mucho camino por andar. Esas eran nuestras señas axiológicas de identidad en esos años setenta y ochenta, que vivieron el auge de la democracia a nivel mundial, lo que Huntington llamó la “tercera ola” de la democratización. Pero las tornas han cambiado en el nuevo siglo y se ha producido esa “recesión democrática” de la que habla Diamond: se congela el número de nuevas democracias, algunas dan paso a nuevas formas de autoritarismo (Rusia, Turquía, Venezuela, etc) y disminuye la calidad democrática incluso en países que tradicionalmente lo son. También en España se habla de desafección y desencanto. ¿Qué nos ha pasado?
Sin duda quienes se socializaron en un país con libertades civiles y políticas, que habían sido tan difíciles de conquistar, las dan por supuestas y apenas las valoran; como si perderlas no fuera una amenaza real. Y la crisis que estalló en 2007, y de la que apenas empezamos a salir, fue el detonante de la insatisfacción. El auge de la construcción y de la especulación financiera, la fiebre consumista y los infinitos vericuetos de la corrupción, movidos por el individualismo posesivo, hicieron creer que la calabaza era carroza, y los ratones, caballos. Pero sonaron las doce y se esfumó el hechizo, dejando a la vista más pobreza, desempleo e inequidad de los que cabía pensar. ¿Qué hacer?
En principio, no pedir a la democracia lo que ni puede ni debe dar. Pedirlo es la fórmula infalible para decepcionar y para no cumplir con lo que realmente corresponde. La democracia es solo una forma de organización política, no una doctrina de salvación, por eso los políticos deben ser facilitadores y no caudillos. Pero tampoco es cosa suya garantizar el bienestar, sino la justicia. El Estado social debe asegurar las bases necesarias para que quienes viven en nuestra sociedad, ciudadanos, refugiados, inmigrantes puedan llevar adelante sus proyectos de vida, empoderando sus capacidades básicas.
Nuestra democracia es procedimentalmente legítima, pero para cumplir con su tarea de justicia queda mucho camino por andar. No ayudarán a recorrerlo los discursos del odio, los promotores del conflicto, las eternas trifulcas en el seno de los partidos y entre ellos por conquistar los puestos de poder, sino quienes se empleen a fondo en los problemas acuciantes: erradicar la pobreza, potenciar la igualdad de oportunidades, generar empleo desde la creación de riqueza con equidad.