Con 417 votos a favor y solo tres en contra, la ‘Ratepayer Protection Act’ busca que los centros de datos asuman los costos de infraestructura eléctrica derivados de su masivo consumo energético.
En un contundente consenso bipartidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 16 de septiembre la Ratepayer Protection Act (Ley de Protección a los Contribuyentes de Servicios Públicos). La iniciativa busca impedir que los hogares estadounidenses terminen financiando en sus facturas de electricidad la costosa ampliación de la red requerida por la rápida expansión de los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).
El proyecto de ley fue respaldado por un amplio margen de 417 votos a favor y solo tres en contra, tras ser tramitado bajo un procedimiento de vía rápida por el representante republicano Gabe Evans (Colorado) y la demócrata Kathy Castor (Florida), ambos integrantes del Comité de Energía y Comercio. La medida pasa ahora al Senado, donde su trámite definitivo aún es incierto.
El costo de la Inteligencia Artificial en la red eléctrica
Los centros de datos —complejos masivos de servidores indispensables para almacenar información y ejecutar los cálculos que necesita la IA— requieren un suministro constante de energía las 24 horas del día. De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) citadas por CBS News, el consumo eléctrico de estas instalaciones en EE.UU. podría más que duplicarse para el final de la década respecto a los niveles de 2024, llegando a absorber más del 10% de la demanda eléctrica nacional en 2030.
Actualmente, cuando una empresa tecnológica instala un centro de datos, los costos de ampliación de la red eléctrica local suelen distribuirse entre todos los usuarios de la zona, incrementando las tarifas de las familias independientemente de si tienen relación con dicha industria.
La Ratepayer Protection Act apunta a modificar este esquema: exige a los reguladores estatales de servicios públicos que consideren reglas para que los grandes consumidores de energía cubran los costos incrementales de generación, transmisión e infraestructura necesarios para abastecerlos. Aunque el proyecto no aplica estas reglas de manera automática, sí obliga a los gobiernos estatales a tomarlas en cuenta al elaborar su normativa.
Presión electoral y malestar ciudadano
La votación se realizó a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, impulsada por un creciente malestar social ante el impacto de estas instalaciones en las comunidades.
Un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst indicó que solo el 11% de los estadounidenses apoyaría la construcción de un centro de datos de IA en su localidad. En sintonía, una encuesta de NBC News reflejó que casi el 70% de la población se opone a este tipo de complejos en sus barrios, citando el alza en las tarifas eléctricas, el alto consumo de agua para el enfriamiento de los equipos y las alteraciones en el entorno local. Esta presión ciudadana llevó a legisladores de ambos partidos a acelerar la votación antes del receso del Congreso.
