En su primer día de mandato, el presidente Donald Trump terminó el parole humanitario que otorgaba dos años de estancia legal en EEUU a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Los expertos opinan qué podría ocurrir con los beneficiarios y con quienes están a la espera de aprobación.
WASHINGTON — Salomé Ramírez Vargas – A través de una orden ejecutiva firmada el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al programa de parole humanitario que había sido implementado por la administración anterior para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Este proceso permitía a ciudadanos de esos países vivir y trabajar legalmente por dos años en territorio estadounidense. Hasta diciembre de 2024, unas 531.690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La orden ejecutiva llamada “Asegurar Nuestras Fronteras” establece diferentes acciones relacionadas a la inmigración que el presidente Trump buscaba priorizar desde el primer día de su administración. Entre ellas, adoptar “todas las medidas adecuadas” para construir el muro fronterizo, desplegar personal de defensa a la frontera sur y detener a los migrantes irregulares.
El propósito de esta, según dice el documento, es “detener la avalancha sin precedentes de extranjeros ilegales a los Estados Unidos”.
La determinación sobre el parole humanitario se plasmó junto al fin de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes sacar una cita con un funcionario de inmigración en alguno de los puertos fronterizos vecinos a México.
“La orden ejecutiva pretende poner fin a un programa de la era Biden que creó un proceso especial para los nacionales de estos cuatro países que la orden ejecutiva de Trump consideró contrario a las políticas de Estados Unidos”, dijo a la Voz de América Cori Alonso-Yoder, profesora especializada en derecho de inmigración de la Universidad George Washington.
¿Qué sucede ahora?
La orden ejecutiva puso en efecto la suspensión de manera inmediata de nuevas solicitudes de personas que buscaran ser patrocinadores de estos migrantes.
Para poder optar a este programa, los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos debían contar con un “sponsor” o patrocinador financiero dentro de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó el martes que la eliminación del programa se hará de manera “gradual”.
“La Administración Biden-Harris abusó del programa de parole humanitario para permitir indiscriminadamente que 1,5 millones de migrantes ingresaran a nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la Administración Trump. Esta acción devolverá al programa de parole humanitario su propósito original de analizar a los migrantes caso por caso”, dijo en comunicación escrita un portavoz de DHS.
Elizabeth Jacobs, experta del Centro de Estudios de Inmigración en Washington, explicó a la Voz de América que “es probable que a las personas que ya han recibido el parole a través de este programa se les permita permanecer en los Estados Unidos en libertad condicional hasta que expire su período”.
Esto, según agregó, significa que las personas regresarían al estatus que tenían antes de que se les otorgara el parole, “es decir, sin estatus”.
Thomas Rachko del Instituto de Liderazgo Hispano de la Universidad George Washington, resaltó a la VOA que parte de la suspensión de este programa incluye que “la página web de CHNV que anteriormente mantenía el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo la administración de Biden ya no está disponible”.
“Esa falta de claridad e incertidumbre es una sensación familiar para las comunidades inmigrantes sin estatus legal permanente o ciudadanía”, agregó Rachko.
Por su parte, la organización Welcome.US que ayudaba a los migrantes a conectar con posibles patrocinadores, aseguró que “no está claro en este momento si la nueva administración seguirá tramitando las solicitudes que los estadounidenses ya han presentado”.
Específicamente, según CBP, 110.970 cubanos, 213.150 haitianos, 96.270 nicaragüenses y 120.760 venezolanos alcanzaron a ser examinados y autorizados para viajar; y 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos llegaron a EEUU.
“Quienes tenían la protección de libertad condicional antes del 20 de enero tendrán que buscar su estatus migratorio por otras vías o se arriesgarán a ser expulsados de Estados Unidos”, agregó Alonso-Yoder.
Desde su creación, el parole humanitario tuvo un límite de tiempo de dos años que no era renovable.
“La administración entrante de Trump ha dicho que no solo cancelará cualquier uso futuro de parole humanitario para cubanos, nicaragüenses y venezolanos, sino que no lo renovará”, dijo el martes en una llamada con la prensa Doris Meissner del Instituto de Políticas Migratorias en Washington.
Meissner agregó que, al momento, no se ha visto en las órdenes ejecutivas “una indicación” de que el parole humanitario vaya a ser cancelado para quienes ya son beneficiarios del programa. Pero, “ciertamente no lo van a renovar”.
“Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Si se quedan en Estados Unidos (una vez terminado el plazo de dos años), por supuesto, caen en un estatus no autorizado. Pierden su autorización de trabajo y ciertamente están sujetas a la deportación”, apuntó.
Alternativas legales de migración
Al implementar el parole humanitario, el DHS estableció en el documento oficial del programa que los dos años de permiso permitirían “a las personas solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración”.
Los cubanos tienen, en su mayoría, la posibilidad de solicitar la regulación de su estatus gracias a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 que les ofrece un camino a la residencia permanente. Venezolanos y haitianos podrían acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ofrece un alivio contra la deportación y un permiso de trabajo.
Los nicaragüenses y las otras tres nacionalidades son elegibles para solicitar asilo, sin embargo, deben poder demostrar miedo creíble de persecución en sus países de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
Este programa fue implementado por primera vez por la administración del presidente Biden en octubre de 2022, orientado solo a venezolanos. En enero de 2023, se amplió a nicaragüenses, cubanos y haitianos, las nacionalidades más representadas en ese momento entre los inmigrantes irregulares que llegaban a la frontera sur de EEUU.