Por Luis Meyer
El Sahel es la zona climática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sáhara en el norte y la sabana sudanesa en el sur. La mayoría la conoce como «el cinturón del hambre». Las tormentas perfectas generadas por el cambio climático y su incidencia, agudizada en los últimos años, en la pobreza de esta región, están provocando una de las crisis humanitarias más devastadoras de este siglo.
Desde Naciones Unidas, estiman que alrededor de 23,5 millones de personas del Sahel, no tienen suficiente para comer. La Franja de Sahel está conformada por países como Burkina Faso, uno de los más precarios del mundo, donde casi la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Estas circunstancias lo vuelven especialmente vulnerable al calentamiento global: está generando, en la zona, un aumento crítico de las temperaturas, una reducción general de lluvias y una frecuencia mayor de fenómenos climáticos extremos. Un estudio de la Universidad de Uagadugú señala que el número de desastres naturales ha aumentado de 50, en 1975, a 200 en 2009. Desde 1970 hasta nuestros días, llueve un 30% menos de media. Y la temperatura ha aumentado casi un grado en un periodo similar.
La agricultura es uno de los sectores que resultan más perjudicados por el cambio climático en Burkina Faso. La incidencia de sequías e inundaciones ha contribuido a la degradación del suelo mediante la erosión y al agotamiento de nutrientes, reduciendo dramáticamente la superficie de tierra fértil, según el Programa Mundial de Alimentos. Un 80% de su población depende económicamente de la agricultura y, a día de hoy, uno de cada cinco habitantes sufre desnutrición.
Es uno de tantos casos de víctimas del cambio climático: según Naciones Unidas, los 3.600 millones de personas más pobres son responsables del 10% del calentamiento global. El resto más rico, esto es, menos de la mitad de la población, es la causante del 90%. Sin embargo, las consecuencias laceran sobre todo a los países más desfavorecidos, por su mayor exposición y vulnerabilidad.
“Ante la situación vivida por países como Burkina Faso, la reacción de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente”, denuncian desde Oxfam Intermón. En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), una apuesta universal para luchar de forma integral contra la pobreza, la desigualdad y por un planeta sostenible. Los países desarrollados acordaron aportar fondos para mitigación y adaptación de los países en desarrollo cercanos a los 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. “Entre las debilidades de esta propuesta se encuentra el hecho de que la misma no establece un objetivo cuantitativo específico para la adaptación.
Esta promesa de financiación se queda corta frente al hecho de que los países en desarrollo enfrentarán a costes, solo de adaptación, de al menos medio billón dólares anuales en 2050”, señalan desde la ONG. Dan un dato que invita a la reflexión urgente: “El bajo compromiso con la adaptación ha supuesto además que países pobres como Tanzania o Etiopía hayan aportado más recursos económicos en este sentido, de sus propios presupuestos públicos, que lo que han recibido de la ayuda internacional”.
Desde el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) alertan de que el Sahel “no existe en la agenda política de la Unión Europea”. “El problema está en las respuestas que adoptan los Veintiocho, que se limitan a un cuentagotas de ayuda al desarrollo a la baja que solo permite, en el mejor de los casos, paliar los efectos más dolorosos y visibles de carencias estructurales”. España, entre las 15 primeras economías mundiales también es un ejemplo de insuficiencia en la destinación de fondos para contrarrestar los efectos del cambio climático. En octubre de 2016, nuestro Gobierno solo había depositado un millón de euros de los 120 millones comprometidos. “España ha pactado con el Fondo un calendario de desembolsos muy poco exigente”, denuncian desde Oxfam Intermón, “según el cual, antes de que acabara 2016, debía aportar un millón de euros adicionales y, en 2017, otros 15 millones; esta última cantidad deberá consignarse en los Presupuestos Generales del Estado 2017, de igual manera que se hizo en los de 2016”.
Los fondos son necesarios para crear comunidades y sistemas resilientes, en especial para dentro de las poblaciones vulnerables y expuestas a las crisis climáticas. “Es fundamental construir y fortalecer las capacidades de absorción, esto es, de alerta, prevención y respuesta inmediata ante las crisis, de adaptación, de cambios proactivos e intencionados para adaptar las estructuras, políticas e instituciones a aquellos desastres conocidos y previsibles”, explican en Oxfam Intermón. Todas estas medidas y transformaciones requieren un apoyo financiero indiscutible y más solidaridad y sentido de la responsabilidad por parte de los países desarrollados, principales causantes del cambio climático. Entre ellos, España.
La ONG lleva a cabo una campaña de recogida de firmas para exigirle al Gobierno que pague lo que debe y, en su caso, replantee al alza el compromiso pactado con la comunidad internacional.