Por Xavier Caño Tamayo
En los últimos tiempos se han investigado en el Reino de España créditos sospechosos, ilegales y excesivas remuneraciones, opaca comercialización de productos bancarios, inexplicables cesiones de crédito, maniobras para alterar el precio de acciones… La crisis de la banca y todo lo que la rodea llega a los juzgados. Afecta por ahora a 274 banqueros y consejeros de las antiguas cajas de ahorros y bancos que han sido acusados.
Sucede cuando se hace público que el Tribunal de Cuentas calcula el coste para el Estado por salvar a los bancos españoles en 60.718 millones de euros. Casi un chiste, pues aún suenan las palabras de Mariano Rajoy asegurando que el recate bancario no costaría ni un euro a la ciudadanía. Mariano faltó a la verdad, porque ha costado todo ese dinero que el Estado no recuperará. Y otros 122.000 millones más de recursos comprometidos, garantías, avales… Para salvar a la banca, no a la gente.
Esos miles de millones de euros graciosamente entregados hacen de la banca española la cuarta entidad financiera que más fondos ha recibido directamente desde que estalló la crisis en Europa. Solo superada por banca de Reino Unido, Alemania e Irlanda.
Pero podría ser más dinero aún pues, como el propio organismo público informa, podría resultar que el coste del rescate fuera de más de 75.000 millones. Porque no se han considerado todas las ayudas públicas a la banca, como la generosa financiación del Banco Central Europeo (BCE), ni los créditos fiscales ofrecidos por el ministerio de Economía, ni el aval a depósitos bancarios…
Como recién han publicado algunos periódicos, por diversos conceptos (que no son entrega directa de dinero), el Gobierno español ha movido más de 350.000 millones de euros en ocho años para mantener los bancos a flote. Y los medios lo recuerdan precisamente cuando aparece una noticia que esclarece aún más de que lado están quienes gobiernan la Unión Europea. El BCE, tras gastar cientos de miles de millones de euros en rescatar a la banca europea, ahora compra bonos de deuda de las mayores empresas a bajo interés.
El Tratado de Maastrich prohíbe que el BCE compre deuda directamente a los Estados y, cuando más generoso ha sido con la deuda pública, ha comprado deuda estatal sí, pero a través de bancos privados en el llamado mercado secundario. El Estado paga intereses más altos por la deuda que coloca y los bancos hacen n buen negocio. Y ahora el BCE compra bonos de deuda de corporaciones multinacionales. Ha empezado con Telefónica, la aseguradora italiana Generali y la francesa Engie. Según el BCE, la compra de deuda emitida por corporaciones es para empujar la recuperación de la eurozona. El BCE pretende que, dando dinero a las corporaciones, esa compra repercuta en los préstamos bancarios. En plata, el BCE pretende reactivar la concesión de créditos a empresas y familias que continúa adormecida a pesar de todos los rescates y ayudas. Pero no aprenden y siguen, olvidadas las empresas no tan grandes.
Algunos analistas apuntan que el BCE dedicara 600.000 millones de euros durante varios años a comprar deuda de grandes corporaciones. Una vez más el BCE y la UE pretende reactivar la economía no con ayudas directas a las empresas medianas y pequeñas, que son muchas y en España, por ejemplo, proporcionan el 75% de empleo. Tampoco ayudas a la gente, que es la que aumentaría la demanda interna con otra situación económica. Esa contumaz ayuda indirecta recuerda que el Nobel de economía, Joseph Stiglitz, aseguró que si el gobierno federal de EEUU y la Reserva Federal hubieran entregado dinero a quienes tenían deudas hipotecarias para poder pagarlas, no hubiera sido necesaria la billonaria cantidad para que bancos y aseguradoras financieras no se hundieran. Ni se hubieran envenenado millones de títulos con hipotecas incobrables, porque éstas se hubieran abonado y no hubiera habido esta crisis.
En la vieja Unión Europea, de 2008 a 2015, los Estados miembros han gastado 747.000 millones de euros en rescates y ayudas al sector financiero, y han comprometido más de un billón de euros en garantías de pasivos. Con tales cifras, a final del año pasado la ciudadanía europea había perdido más de 210.000 millones de euros, que no se recuperarán. Y ahora el BCE decide dedicar 600.000 millones de euros a asegurar los beneficios de grandes corporaciones.
¿Cuándo le tocará a la gente?