La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, fue procesada hoy por liderar una estructura de recaudación de fondos ilegales, en el marco de la investigación denominada ‘Los cuadernos de la corrupción’.
El juez Claudio Bonadio pidió, además, su detención y, según indica el diario argentino La Nación, pidió cursar el pedido de desafuero al Senado, un requisito ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva. La decisión quedaría, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir en los próximos día el futuro de la posible candidata presidencial.
Esta asociación ilícita, dice el diario, cobraba sobornos a empresarios que ganaban contratos con el Estado. Kirchner habría recibido millonarios sobornos durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
La expresidenta fue acusada de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos, informa el diario El Clarín.
Ambos diarios también indican que el juez trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
Según la investigación, se habría montado un aparato complejo desde el Estado que incluyó funcionarios públicos quienes, ayudados por medios oficiales y liderados por Néstor y Cristina Kirchner y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dieron paso a una organización delictiva.
El juez también declaró como ‘imputados colaboradores’ a José López, Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta y otros exfuncionarios del ahora desaparecido ministerio.
A pesar de haberse arrepentido y confesado, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el chofer Óscar Centeno también fueron procesados.
Según señala El Clarín, la larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $4.000 millones.
En la resolución del juez, dice El Clarín, se indica que la finalidad de esta “organización delictiva”, fue distribuir “coimas a funcionarios corruptos que a cambio, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, para cuidar sus empresas y los puestos de trabajo”.
Además, que los empresarios “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres, a fin de recibir esos “retornos” o “coimas”.
El diario El Tiempo señala que el caso, que se hizo público el 1 de agosto, “comenzó a raíz de una investigación de La Nación, que entregó copias de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, al fiscal Carlos Stornelli.
Cuando se hizo publico el juez ordenó diversas detenciones y varios empresarios, como Juan Carlos Goycoechea, exCEo de Isolux; Angelo Calcaterra, dueño de la constructura Iecsa y primo de Mauricio Macri , comenzaron a arrepentirse.
El diario colombiano indica que también confesaron el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el financista Ernesto Clarens.
Kirchner tiene abiertos otros procesos judiciales por presunta corrupción y encubrimiento en el atentado a la AMIA.