MANAGUA – El gobierno del presidente Daniel Ortega prácticamente no ha rendido cuentas sobre los recursos que habría destinado para combatir la pandemia del COVID -19 y Nicaragua es considerado como el país con “mayor carencia de transparencia fiscal” en este tema, según un análisis presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
“En la situación actual frente al COVID-19, los Estados deben informar a los ciudadanos sobre el impacto de la crisis en las finanzas públicas y en la economía de cada país; sobre las medidas de ingresos, gasto y deuda que conllevan los paquetes de apoyo económico y social adoptados, así como los avances en su implementación; sobre los mecanismos para realizar un seguimiento tanto de los programas o secciones del presupuesto del gasto relacionado a esta emergencia, como de las compras y contrataciones públicas que se realicen en el marco de esta crisis”, dijo el centro de investigación regional.
En el caso concreto de Nicaragua, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales resume así el estado actual de la fiscalización: “El Gobierno de Nicaragua muestra falencias graves en materia de transparencia fiscal. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y las compras realizadas, ni ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las escasas comunicaciones oficiales”.
El economista Luis Murillo dijo a la Voz de América que esto “no es una novedad” ya que antes de la crisis política que atraviesa el país desde 2018 junto a la reciente crisis sanitaria, las estadísticas económicas ya eran poco transparentes y nada accesibles.
“En Nicaragua no tienen actualizada las cifras y están violando la ley de acceso a la información pública incluso antes de las dos crisis, y mucho menos en la actualidad cuando se debieron crear los mecanismos para poder, en este caso, generar estadísticas estandarizadas y conocer cómo va la situación durante el COVID 19”, manifestó Murillo.
Para el economista Iván Acosta, la situación se complicó aún más para el gobierno debido a las recientes sanciones interpuestas por Estados Unidos contra el Ministro de Hacienda y Crédito Público, “lo que pone en entredicho la institucionalidad de Hacienda, porque lo que está haciendo es triangular las decisiones estratégicas estadísticas, y en los organismos financieros internacionales esto representa un bajo nivel de seriedad”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que evaluó a cada uno de los gobiernos de la región a través de 12 parámetros subdivididos, reprobó a Nicaragua en los 12 indicadores basados en los estándares internacionales de transparencia fiscal, una calificación que no sorprende al economista Luis Núñez, quien sostiene que las finanzas del Estado nunca han contado con una supervisión de la Contraloría de la República.