El Departamento de Justicia y el USCIS presentan demandas federales acusando a ciudadanos procedentes de México, China, Irán, Pakistán y Filipinas de ocultar delitos graves o aportar datos falsos durante sus trámites.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó demandas judiciales para solicitar la revocación de la ciudadanía a 40 personas naturalizadas, a quienes se imputa la comisión de delitos graves y el presunto ocultamiento de información determinante durante sus trámites migratorios.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), la medida constituye el mayor número de procesos de desnaturalización iniciados en un mismo período por la administración del presidente Donald Trump. La iniciativa abarca expedientes de individuos originarios de México, China, Irán, Pakistán y Filipinas, cuyos casos deberán resolverse de forma independiente ante los tribunales federales.
Delitos graves y presunción de fraude migratorio
El comunicado del USCIS, difundido por la cadena CBS News, precisa que las 40 acciones judiciales son el resultado de un trabajo coordinado entre la agencia migratoria y el Departamento de Justicia. Las autoridades sostienen que los acusados omitieron antecedentes clave o aportaron datos falsos a los funcionarios para acceder a la ciudadanía estadounidense.
Entre las conductas bajo investigación figuran delitos de extrema gravedad, tales como el supuesto trabajo no declarado como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual contra una persona con discapacidad. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la comprobación de estas irregularidades faculta al Estado para cuestionar la validez de la naturalización.
El rol de los tribunales federales y las garantías procesales
Las autoridades aclararon que la sola presentación de las demandas no supone una pérdida automática de la ciudadanía ni constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá a un juez federal evaluar cada expediente de manera individual y determinar si existen pruebas suficientes para anular la naturalización y cancelar el certificado otorgado.
Asimismo, los demandados mantienen el derecho a responder a las acusaciones y ejercer su defensa dentro del procedimiento judicial. Por su parte, el Gobierno federal tendrá la carga de probar que la información falsificada u omitida influyó de manera determinante en la obtención del beneficio.
Diferencia legal entre desnaturalización y deportación
El organismo migratorio enfatizó que la desnaturalización se diferencia sustancialmente de la deportación. Mientras que la desnaturalización busca establecer si la ciudadanía adquirida es válida o nula, la deportación se refiere a la expulsión de una persona extranjera bajo la normativa aplicable. Por ello, una eventual revocación de la ciudadanía no equivale, por sí sola, a una orden de salida del país.
Esta ofensiva judicial se produce en medio de las acciones de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias e intensificar la persecución de presuntas irregularidades en la concesión de beneficios de inmigración.
