Las personas habrían tenido la posibilidad de solicitar asilo temporal en territorio estadounidense desde sus países de origen
El Gobierno de EE.UU., encabezado por el presidente Joe Biden, admitió que transportó irregularmente a unos 320.000 migrantes en vuelos directos a aeropuertos en territorio estadounidense, aunque las agencias migratorias aseguran que no pueden revelar las localizaciones porque ello podría crear “vulnerabilidades” en la seguridad nacional, recoge Daily Mail, con base en una demanda interpuesta por Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés).
Específicamente, refiere el medio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. se negó a revelar información sobre el programa, que aparentemente estaría vinculado con la aplicación CBP One, una de las estrategias implementadas por la Administración Biden para reducir el número de migrantes que atraviesan ilegalmente su frontera sur.
Entre otros asuntos, la aplicación permite tramitar una solicitud de asilo desde un tercer país, pero el Ejecutivo habría ampliado esta oportunidad, al permitirle a los migrantes realizar las gestiones desde sus países de origen, con la garantía de que Washington les ofrecería un vuelo directo hacia algún aeropuerto del país, así como la posibilidad de resolver su estatus legal en un lapso de dos años, apunta Citizen Watch Report.
En sus pesquisas, el CIS encontró que entre enero y diciembre de 2023, el Gobierno estadounidense autorizó vuelos secretos en los que habrían viajado “cientos de miles de inmigrantes ilegales” hacia “al menos 43 aeropuertos estadounidenses diferentes” y, al hacerse públicas las localizaciones, se “revelaría información sobre el número relativo de personas que llegan y, por tanto, los recursos gastados en aeropuertos concretos”.
De acuerdo con The New York Post, que cita fuentes familiarizadas con la situación, algunos de esos vuelos secretos habrían llegado a la ciudad en horas de la noche, procedentes de Texas, al sur del país, al menos desde agosto de 2023.
Según los documentos judiciales, la ampliación de la CBP One ha sido objeto de controversias, ya que podría “socavar los esfuerzos de aplicación de la ley de CBP para asegurar las fronteras de los Estados Unidos”, al tiempo que desde el CIS se ha puesto en tela de juicio la legalidad de los vuelos secretos, así como la eventual continuidad del programa.