Un nuevo estudio revela que es más común que las autoridades imputen a las mujeres por delitos vinculados a su embarazo.
En el año posterior a que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin al derecho al aborto a nivel nacional, es más frecuente que las autoridades acusen a las mujeres de delitos relacionados con su embarazo, según un nuevo estudio, aunque casi nunca se las acuse de violar la prohibición a la interrupción del mismo.
Al menos 210 mujeres de todo el país fueron acusadas de delitos relacionados con sus embarazos desde que la Corte Suprema anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade en 2022 en su sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, según el informe publicado por Pregnancy Justice, una organización de defensa de los derechos de la mujer.
Se trata de la cifra más alta que el grupo ha identificado en un período de 12 meses en proyectos de investigación que se remontan hasta 1973.
Wendy Bach, profesora de la facultad de derecho de la Universidad de Tennessee y una de las investigadoras principales del proyecto, explicó que uno de los casos fue el de una mujer que dio a luz en su casa a un bebé muerto a los seis o siete meses de embarazo.
Bach dijo que cuando la mujer fue a organizar el funeral, la funeraria alertó a las autoridades y la mujer fue acusada de homicidio.
Debido a las disposiciones de confidencialidad del estudio, Bach no quiso revelar más detalles. Pero éste fue uno de los 22 casos del estudio en los que murió un feto o un bebé.
“Es un entorno en el que la pérdida del embarazo es potencialmente sospechosa desde el punto de vista penal”, declaró en una entrevista Lourdes Rivera, presidenta de Pregnancy Justice.
Las investigadoras señalan que el recuento de casos desde el 24 de junio de 2022 hasta el 23 de junio de 2023 es inferior al real, al igual que las versiones anteriores. En consecuencia, no pueden asegurar que entre 1973 y 2022 no hubiera tantos casos como después de la sentencia Dobbs.
Durante el período anterior, encontraron más de 1.800 casos, con un máximo de 160 en 2015 y 2017.
La mayoría de los casos desde el fin de Roe incluyen cargos de abuso infantil, negligencia o puesta en peligro en los que el feto figuraba como víctima. La mayoría incluía acusaciones de consumo de sustancias durante el embarazo, incluidas 133 en las que era la única acusación.
Según el grupo, la mayoría de los cargos no requieren pruebas de que el bebé o el feto hayan sufrido daños reales.