Caracas – La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció ayer lunes que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro si algo les sucede.
La titular del Ministerio Público hizo la alerta en un programa de una emisora de radio local, pocas horas después de que el máximo tribunal falló en contra de un recurso legal que presentó para intentar detener la elección de los miembros de una asamblea que reforme la Constitución, promovida por Maduro.
Su iniciativa, respaldada por la oposición, recibió duras críticas de funcionarios, que la tildaron de “traidora”, una vez que marcó distancia con Maduro en medio de la reciente ola de protestas antigubernamentales.
“A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes”, relató Ortega sin especificar el tipo de intimidación.
“Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo”, agregó la funcionaria en relación al acoso de la que ha sido objeto en los últimos días.
Batalla legal
Ortega, que se ha opuesto a recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el lunes que introdujo un nuevo recurso para impugnar la designación de 13 magistrados hecha en 2015 por el Congreso de mayoría oficialista.
La Fiscal General argumentó que el proceso para elegir a los jueces fue “irregular” y se hizo a sus espaldas, por lo que pretende que con su petición sean designados nuevos magistrados.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha sido un obstáculo para la paz del país y por esa razón yo he acudido a pedir la nulidad”, apuntó.
Minutos antes, el máximo tribunal rechazo por segunda vez este mes un recurso introducido por Ortega.
“Por inepta acumulación de pretensiones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz”, dijo el TSJ el lunes.
La iniciativa de la fiscal fue también respaldada por algunos ex funcionarios del Gobierno del fallecido Hugo Chávez que han criticado al actual presidente, quien considera la elección de una Asamblea Nacional Constituyente como la salida para aliviar la crisis política.
A la par de la creciente tensión entre los poderes, algunas organizaciones independientes de conductores de transporte público paralizaron el lunes su servicio en Caracas, dificultando la movilización en una ciudad marcada por protestas casi diarias.
Desde hace poco más de dos meses, la oposición ha mantenido constantes protestas en las calles de la nación sudamericana, la mayoría de las cuales han derivado en disturbios y han sido dispersadas por fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y camiones lanza aguas. Estos hechos han dejado 67 muertos.