La Audiencia Nacional de España dejó firme la resolución que deniega la extradición
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sentenció por unanimidad no acceder a la extradición del exembajador guatemalteco ante los Estados Unidos, Julio Ligorría Carballido, por considerar que los hechos descritos en la demanda de las autoridades judiciales guatemaltecas no son constitutivos de delito.
La denegación de la extradición tiene lugar porque la Audiencia Nacional ha considerado válidos los argumentos de la defensa de Ligorría y del Ministerio Fiscal, que, en todo momento suscribió la misma tesis que aquella, relativos a la inexistencia de un marco jurídico aplicable para la extradición por los delitos económicos reclamados por las autoridades guatemaltecas, y a la imposibilidad de considerar los hechos constitutivos de un delito de lavado de activos, tal y como lo define la ley penal española.
En este sentido, el Auto 34/2018 determina que los hechos que aparecen descritos en la demanda extradicional no son “constitutivos de un delito de blanqueo de capitales conforme a nuestro derecho interno, por lo que no concurre el requisito de doble incriminación.”
La expresada resolución es firme y ejecutiva. Es decir, que ya no cabe recurso alguno contra la misma. De esta manera se pone fin a un proceso de extradición que ha durado meses y que, aunque ha terminado con la denegación de la misma, ha producido una gran cantidad de perjuicios al embajador Ligorría, que ha tenido que soportar un largo procedimiento que ha afectado directamente a su vida personal y familiar, así como a su actividad económica y empresarial. Sobre todo cuando, desde el primer momento en que conoció que la Fiscalía guatemalteca tenía interés en su persona dentro del proceso penal, se mostró a disposición de colaborar abiertamente con la Justicia.
Colaborador con la Justicia y ciudadano español
Desde el pasado 14 de julio del 2017, cuando el ministerio público guatemalteco requirió al exembajador, mientras él se encontraba en viaje de negocios, Julio Ligorría se puso a disposición de las autoridades de Guatemala para colaborar con la Justicia y esclarecer los hechos, tanto por vía procesal, como públicamente, a través de un video-comunicado emitido el 17 de julio de ese mismo año. A pesar de la manifiesta disposición de Ligorría, el Ministerio Público guatemalteco hizo caso omiso de su ofrecimiento de colaboración durante todo el proceso.
Julio Ligorría es ciudadano español desde abril de 2009, país donde reside y donde mantiene su actividad económica, hecho que ha sido igualmente reconocido por el auto de la Audiencia Nacional, poniendo de relevancia que “La adquisición y/o recuperación de la nacionalidad española en este caso, desde el punto de vista cronológico, no puede calificarse de espuria por ser muy anterior a la de los hechos objeto de investigación.”
Lo que por muchos meses se había especulado sobre que este caso se trataba de una persecución política en contra del ex embajador Julio Ligorría, quedó comprobado esta semana, al conocerse la contundente resolución del tribunal español.