La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el viernes que está preocupada por “los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad”, revelando que su oficina registró 711 muertes entre junio y agosto.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet expuso la más reciente actualización del informe sobre el seguimiento que hace su oficina a la situación que atraviesa Venezuela. Aseguró que han registrado desde enero “más de 2.000 muertes” en la nación sudamericana envuelta en una severa crisis en todos los órdenes.
La declaraciones de Bachelet llegan en el marco de la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La actualización divulgada este viernes cubre el periodo comprendido del pasado 2 de julio hasta la fecha.
“Mi Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, expuso Bachelet el viernes.
También se refirió a que delegados de su oficina pudieron corroborar que existen “restricciones a la libertad de expresión”.
“Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, afirmó.
Bachelet reiteró en su presentación un reconocimiento al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela por “la adopción reciente de medidas positivas (…) como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina”. Reiteró que su oficina seguirá “brindando asistencia técnica” al gobierno en disputa.
Bachelet catalogó además el viernes de “positivas” las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. También se refirió a la reciente imputación por parte del Ministerio Público a 70 funcionarios de las FAES.
“Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, indicó la funcionaria.
También señaló que reconoce “los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares”.
“Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”, expuso Bachelet el viernes.
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La funcionaria de la ONU dijo aludió además a reportes de las asociaciones de profesionales que señalan el impacto del coronavirus en el sector de la salud, incluyendo que “el 33 por ciento de las muertes por COVID-19” se han concentrado en médicos, enfermeras y otros empleados debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
Las múltiples crisis en Venezuela
Bachelet expuso en su actualización del viernes que la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria.
“Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, señala en informe leído por Bachelet.
Impacto de las sanciones
La Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU afirmó que la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel “puede agravar aún más” la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales.
“Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”, dijo Bachelet sin entrar en detalles.
Situación de los partidos y representantes indígenas
Poco antes de concluir su nueva actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Bachelet expuso que está preocupada por “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa.
En la conclusión de su informe, Bachelet instó el viernes al gobierno en disputa a que continúe adoptando medidas que garanticen los derechos fundamentales de los venezolanos.
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“Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”, concluyó Bachelet.
[Con reporte de Celia Mendoza, corresponsal de la VOA en Nueva York]