“Dicen que la homosexualidad es un problema de derechos humanos en África, pero hacen negocios con países donde la homosexualidad está mal vista”, subrayó un parlamentario del país africano
Un parlamentario de Ghana tachó de “hipócrita” a EE.UU. luego de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, criticara una ley sobre la comunidad LGBTQ del país africano, mientras se encontraba en una visita oficial, y pidiera que sea desechada.
“Los del Gobierno de EE.UU. son un montón de hipócritas”, afirmó la semana pasada el parlamentario Sam George en una entrevista a medios locales. “Dicen que la homosexualidad es un problema de derechos humanos en África, pero hacen negocios con países donde la homosexualidad está mal vista”, subrayó.
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“Casi todos los años se vende a Catar más de 1.000 millones de dólares en equipo militar. En Catar, la homosexualidad se castiga con la muerte, no con el encarcelamiento. ¿Por qué no amenazan a Catar? Arabia Saudita es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. En Arabia Saudita, esto se castiga con la muerte. ¿Por qué no los amenazan?”, observó.
“¿Por qué no amenazan a Rusia? Luego vienen a Ghana y África, quieren venir y amenazarnos con el LGBTQ. El Gobierno estadounidense son un montón de hipócritas”, continuó.
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En esa línea, el presidente del Parlamento ghanés, Alban Bagbin, calificó de presión “antidemocrática” las declaraciones de Harris y señaló que su país aprobará la legislación sin importar la postura de Washington. “Estas cosas no se deben tolerar. Es antidemocrático. ¿Qué es la democracia? ¿Que otra persona me dicte lo que es bueno y lo que es malo? Es inaudito”, afirmó en una reunión con los legisladores.
Dichas declaraciones han tenido lugar en medio de los preparativos, en Ghana, para promulgar un proyecto de ley titulado ‘Promoción de los adecuados derechos sexuales humanos y valores familiares ghaneses’.
La legislación busca calificar las relaciones homosexuales como un delito grave de segundo grado, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel, mientras que quienes promuevan esas actividades afrontarían entre cinco y diez años entre rejas.
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