Se prevé reformar varios organismos y llevar a cabo la liberación de tarifas de energía
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La Casa Blanca ha remitido una carta a las autoridades de Ucrania con un listado de reformas que Kiev debería llevar a cabo para que puedan seguirle proporcionando asistencia militar, según informa el medio Ukraínskaya Pravda.
La misiva enviada por Mike Pyle, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca para la Economía Internacional, plantea, entre otros asuntos, la liberalización de las tarifas de gas natural y energía para “conseguir un mayor ahorro energético y la sostenibilidad financiera de empresas y operadores” y preparar el país para la energía verde y la integración con la red energética de la Unión Europea.
En el documento titulado ‘Reformas vinculadas a las condiciones de la ayuda de EE.UU.’, que el medio publica en ucraniano e inglés, se propone aumentar en un miembro los consejos de supervisión de las energéticas estatales UkrEnergo y Naftogaz.
Asimismo, se prevé reforzar la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) y otorgar al órgano las facultades de interceptar comunicaciones y preservar su independencia y autoridad exclusiva de investigación de casos de corrupción de alto nivel.
Al mismo tiempo, se reformaría el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), incluida la limitación de sus autoridades policiales a las relacionadas con la contrainteligencia, el contraespionaje, la ciberseguridad y la lucha antiterrorista.
Se recomienda restablecer las declaraciones patrimoniales obligatorias para todos los funcionarios públicos y magistrados, incluyendo todas las declaraciones para 2021 y 2022 para promover una mejor rendición de cuentas.
Además, el Gobierno ucraniano deberá rediseñar los procesos y procedimientos de adquisición de armamento militar reflejando las normas de la OTAN en materia de transparencia, responsabilidad, eficiencia y competencia.
El documento propone reformas, transformaciones o rediseños en el Ministerio de Defensa, los servicios aduanero y fronterizo, la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica, el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional y el Alto Tribunal Anticorrupción.
La prioridad de las tareas planteadas varía con plazos de cumplimiento que van hasta los 18 meses.
El documento fue dirigido a la Oficina del Presidente de Ucrania, el primer ministro, Denís Shmygal, y a la Plataforma de Coordinación de Donantes de Ucrania.