CARACAS — El 10 de enero los ojos del mundo estarán puestos sobre Venezuela. Ese jueves Nicolás Maduro deberá juramentarse como presidente reelecto de Venezuela después de haber ganado el pasado 20 de mayo con el 68% de los electores, más de 6.200.000 votos. Con este acto iniciara su segundo periodo presidencial 2019-2025.
Sin embargo, estos resultados fueron cuestionados por la comunidad internacional por considerar que el proceso no estuvo ajustado a los estándares nacionales e internacionales. Al acercarse la fecha, tanto los países que decidieron no reconocer las elecciones, como la propia administración de Maduro, están decidiendo la ruta de acción después de la toma de posesión.
A manera de muestra de poder, cuatro días después de las elecciones, Maduro se presentó como el ganador de los comicios en un acto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista promovido por él mismo. En su discurso, ratificó que las elecciones fueron “libres” y “constitucionales”.
En la región, solo El Salvador, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Surinam reconocieron las elecciones y felicitaron a Maduro por haber ganado; mientras Ecuador y Uruguay optaron por llamar al diálogo. El resto de los países, entre ellos EE.UU., afirmaron que no reconocerían las elecciones como legítimas. Fuera del continente, países como Rusia, China, Turquía, Irán y Siria fueron quienes felicitaron a Maduro por su reelección; mientras que la Unión Europea cuestionaba los resultados.
En diciembre de 2018, 15 países de América y el Caribe miembros del Grupo de Lima, instancia multilateral creada en 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, reiteraron su desconocimiento de las elecciones.
En el caso de EE.UU., quien no está en el Grupo de Lima pero es uno de los países de la región que lo avala, el embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, reveló en una entrevista a la agencia EFE que pedirá la convocatoria de un Consejo Permanente de la organización para realizar un “debate regional” sobre el escenario que se abrirá después de la toma de posesión de Maduro.
Esta línea de acción volvió a tomar fuerza el 27 de diciembre, cuando EE.UU. y otros países del continente informaron que llevarán ante la OEA un proyecto de resolución que buscará desconocer la legitimidad del mandatario venezolano y esperan someterla ante el Consejo Permanente en Enero.
Esta sería la última dentro de una lista de acciones, entre ellas las numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, y declaraciones en la que EE.UU. expresa su preocupación por la situación política, social y económica que atraviesa el país causada, aseguran, por el gobierno de Nicolás Maduro.
“A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, allí está el Aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se quede, que se quede respetando Venezuela”. Esa fue la respuesta de Maduro en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este mismo mes ante el nuevo panorama que se le presenta.
El canciller del país, Jorge Arreaza, siguió esta línea del presidente Maduro y en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado aseguró que: “El Estado que quiera, ante el nuevo gobierno del presidente Maduro, retirar su embajador, su cuerpo diplomático y consular de Venezuela puede hacerlo. Ojalá que quienes hayan pensado en semejante acción antidiplomática lo consideren”.