Según un informe del organismo internacional, entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, se registraron 117 casos de acoso, intimidación y amenazas
La Organización de las Naciones Unidas advirtió el jueves en un informe que “el Estado de derecho se está deteriorando en Nicaragua”, y pidió una reforma electoral urgente que garantice que los comicios presidenciales y legislativos de noviembre sean “libres, justos y transparentes”.
El documento, presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos estudia el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 y expone “las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades” que padecen los nicaragüenses a la hora de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
Nicaragua que atraviesa desde 2018 una grave crisis política ha visto agravada su situación luego que el Parlamento aprobara una controvertida ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promuevan las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición.
De acuerdo al informe de la ONU, la “persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”.
Asimismo, detalla que en el último año y medio continuaron “los ataques, el acoso y la persecución” de los cuerpos de seguridad y de elementos progubernamentales contra opositores, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y otros a los que el Gobierno percibe tienen opiniones diferentes o en contra.
Además, informa de las intimidaciones que sufrieron las organizaciones pro derechos humanos, los grupos de mujeres y las asociaciones de familiares de víctimas por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales.
La ONU documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas, entre ellas represalias contra personas que cooperaron con la elaboración del informe.