El director de Freedom House, Carlos Ponce, hasta reveló nombres de señalados por corrupción y violadores de derechos humanos en Nicaragua
El director para América Latina de la organización Freedom House, Carlos Ponce, reveló que existe una lista de funcionarios del gobierno de Daniel Ortega Saavedra, acusados de ser supuestos corruptos y violadores de derechos humanos.
Agrega que el reglamento conocido como Ley Nica Act, que de ser aprobado por el Senado norteamericano, afectaría sin dudar la economía nacional, fueron revelados los nombres de funcionarios que tienen relación a “gobiernos corruptos”, durante el programa de Jaime Arellano en La Nación, que es transmitido por Canal 100% Noticias.
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“Nuestra organización ha venido promocionando leyes…algunas permiten promover ciertos nombres de funcionarios o banqueros o personas relacionadas con algunos gobiernos que son corruptos y violadores de derechos humanos, o sea en (Nicaragua) Francisco Rosales (Magistrado de la Corte Suprema de Justicia); Francisco López, tesorero del Frente Sandinista; o Roberto Rivas, (presidente del Consejo Supremo Electoral); César Zamora, (presidente de la Cámara de Energía); Gustavo Porras (presidente de la Asamblea Nacional); o Aminta Granera (jefa de la Policía Nacional)… hay una cantidad de nombres que podrían estar en una lista de sanciones individuales”, dijo Ponce.
Lanza duro al Cosep y a sector privado
También apuntó que en este país centroamericano, “hay un capital que se beneficia de la dictadura”, señalando claramente al sector privado, que tiene alianzas con el gobierno de Ortega, y dijo que la “elite nicaragüense” se encuentra “feliz, a eso lo llamo la dictadura moderna, está protegido por el gran capital”, manifestó.
“El Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) es que está activamente defendiendo al gobierno, no importa que el gobierno no tenga transparencia electoral, transparencia en la gestión pública”, criticó Ponce de la cúpula empresarial nicaragüense.
Aceptó que hay empresarios nicaragüenses que llegan a los Estados Unidos de América, a realizar promoción de la Ley Nica Act, que estaría condicionando los préstamos de instituciones internacionales multilaterales, antes de entregar dinero al gobierno de Ortega.
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