Todavía se desconoce las penas que estarán pagando estas personas por haber supuestamente golpeado a los agentes policiales y destruir bienes del Centro Electoral Municipal
Informan fuentes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que las 11 personas detenidas por las autoridades de la Policía Nacional el pasado 1ro de noviembre en el municipio de San Dionisio, Matagalpa, fueron llevados a primera audiencia ante los juzgados de la capital Managua.
Asegura esta organización civil crítica del gobierno de Daniel Ortega Saavedra, que los familiares de los mismos ni siquiera han sido notificados del traslado, tampoco vistos por la familia, ni les han podido llevar ropa, tampoco alimentos ni productos de aseo personal, según la denuncia de María Orellana, hija y hermana de dos de ellos, hecha ante el CENIDH.
María detalla que a su padre Juan Pastor Orellana Flores (53) y su hermano menor, Bismarck Antonio Orellana Sánchez (16), los capturan durante un operativo de las fuerzas antimotines cuando ingresan de forma violenta a la casa sin mediar ninguna palabra, tampoco sin orden de allanamiento, ambos fueron golpeados, los arrestan y trasladan a Matagalpa, para después llevarlos a la cárcel El Chipote, detallan las fuentes.
Leer también: Gobierno de Nicaragua condena hechos violentos en elecciones locales
Orellana Flores ha rechazado los cargos de los cuales sus familiares son señalados como agresión a policías, de haber causado daños en el Centro Electoral Municipal (CEM), en San Dionisio. Aclara que su padre iba con dos de los niños de ella por lo que jamás habría podido participar en estos destrozos ni protesta el pasado 31 de octubre.
Ella solicitó que a sus familiares los dejen en libertad porque su familia tiene que hacer un viaje largo y costoso, además ellos son de escasos recursos económicos.
Leer también: OEA presenta informe de Elecciones Municipales pero en abstención tiene contradicciones
Afirmó que tener a sus familiares en prisión es para intimidar a su familia por ser activistas de oposición activos en esa zona del país.
Todavía las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto, tampoco el CSE lo ha hecho mucho menos el gobierno de Ortega. Estas 11 personas presas serían integrantes del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC).