Para muchas visiones desde el exterior, Latinoamérica es sinónimo de realismo mágico e inestabilidad. Desde el interior las cosas se ven como una lucha histórica por generar instituciones democráticas y de control social para evitar derivas dictatoriales, de opresión y desigualdad. La ola de elecciones y de gobiernos en un periodo de retorno de la bonanza económica, desde la década pasada, generó esperanzas en avanzar en la lucha histórica. Más allá de los relatos y las banderas de unos y otros en cada país se puede hacer un balance de lo acontecido. Pero solo se puede hacer si las sociedades tienen las condiciones básicas para realizar el debate democrático, ejercer el disenso, y sacar las conclusiones con sus consecuencias políticas.
Este no es un ejercicio de salón, cuando se intenta hacer el ejercicio con un poder que lo niega, cuando crece el descontento y más aún si lleva movilización social nacional, conflicto y represión, el balance se convierte en una crisis de poder. Nicaragua ha engrosado la lista y ha vuelto a ser expresión de esta crisis, con sus agravantes particulares a su contexto. América Latina ha dado muestras considerables de este tipo de crisis. En 18 años, desde el 2000, han caído 11 presidentes electos. De ellos 8 por movilización de la sociedad y revueltas cívicas. 3 por crisis internas del grupo en el poder e institucionales. El hecho que ello no implicara golpes militares clásicos conservadores, hizo pensar que al menos la democracia tenía una esperanza, pues después de las crisis volvían a realizarse elecciones permitiendo el recambio.
Las dictaduras también tuvieron su propia historia en las décadas recientes. Como en todas las crisis de poder de regímenes autoritarios centralizados, al carecer de mediaciones institucionales y políticas, toda pérdida de legalidad, legitimidad y autoridad (moral y real) ataca la cabeza del régimen. Las respuestas son conocidas, hasta el último momento reprimen, descalifican y se consideran insustituibles frente a una realidad sobre la que perdieron control. Las salidas de las dictaduras no tienen misterio, independiente de cual sea la suerte del proceso que le siga y la calidad de la democratización.
Son transiciones pactadas, condicionadas por el régimen saliente y procesos de apertura controlados (España, Chile, Polonia) o derrocamientos con cambio de régimen (Portugal, Filipinas, Irán, Nicaragua). Intermedios son los repliegues de régimen, con crisis sucesivas hasta que se define la situación. (Grecia, Argentina, Rumania, Rusia, Túnez, Egipto) Estas últimas pueden tener desenlaces híbridos, prolongados e igualmente costosos.
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En el caso de Nicaragua, se trata de un hibrido. La situación se origina en el aborto de un proceso democratizante sustituido por una deriva dictatorial que hace crisis; no se trata de una crisis de poder de un gobierno electo. La transición democrática abortada por el pacto entre el orteguismo y el liberalismo descompuesto de Alemán abrió el proceso de concentración del poder, hasta llegar a un régimen dictatorial controlando las instituciones, elecciones fraudulentas, instaurando una fachada legal, convirtiendo a la oposición dócil en cómplice y a todo lo demás sumiéndolo en la represión. Pero la crisis se ha llevado también al cauce no solo el modelo político, también abre fisuras en el modelo social y económico.
Concentración de riqueza, por un lado, pobreza y emigración por el otro. Demasiada concentración de todo en detrimento de las mayorías ha terminado por romper el orden.
La crisis actual es una crisis de poder del régimen dictatorial. La correlación de fuerzas creada por la revuelta social ha obligado al régimen a aceptar la posibilidad de un dialogo y la mediación de la iglesia, después de 65 muertos, centenas de heridos e innumerables desaparecidos y torturados, hasta ahora. El problema de los posibles escenarios de salida de la crisis está por resolverse, sin embargo, las opciones son conocidas. Los objetivos de sobrevivencia del régimen acotan su comportamiento.
En Nicaragua no está claramente planteado el tipo de salida, se ha dejado este al posible resultado de una instancia de dialogo, con la esperanza de forzar una salida política y lo menos violenta posible, que de todos modos ya tiene alto costo.
Sin duda que el régimen quiere negociar en posición de fuerza y condicionar cualquier resultado para controlar los tiempos, el contenido de las reformas y el control de los costos, manteniendo así una suerte de posición atrincherada. Una suerte de enclave de poder y continuidad dentro de la salida, lo más grande posible.
La sociedad quedaría en posición defensiva y enfrentada a un proceso de tiras y afloja, una salida de baja intensidad, si se permite la expresión.
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El hecho que la sociedad mantenga la fuerte movilización, que el régimen reprima pero no pueda restablecer el control y que el ejército se contenga, deja espacio a que la combinación de política y calle siga empujando la crisis de poder. En parte es cierto lo que dice la calle: “Ortega ya no gobierna” o al menos no completamente. Una suerte de doble poder que busca una salida.
La experiencia sobre salidas de dictaduras, indica que ya sea por negociaciones, por revuelta armada o cívica, aunque en todos los casos hay momentos de uno y otro, lo que define la cuestión es el objetivo innegociable de cambio de régimen. El resto es método, proceso y correlación de fuerzas.
En esto último, el cuándo y el cómo es lo único negociable. El tiempo es una variable sometida a la correlación de fuerza y el como a una consideración de eficacia, preparativos y resultados para fundamentar el cambio de régimen. El itinerario de la salida, del cambio de régimen, puede ser el camino ordenado para obtener el desenlace de la crisis de poder. Para dirimir la crisis del poder por la vía política se requiere establecer condiciones de seguridad y de expresión de la voluntad popular.
Entre dos invocaciones de poder y legitimidad, aunque cada una se considere válida, la única opción no violenta es expresar la voluntad mayoritaria en condiciones democráticas reales. Un referéndum, elecciones anticipadas, gobiernos interinos de transición, son mecanismos para llegar a la expresión de la voluntad popular. La resistencia del poder invocando generalidades sobre el orden y la paz, amenazada por irresponsables y violentos, intenta ponerse por encima de la crisis como garante y parte de la solución. Viejo truco de las dictaduras. La salida implica elaborar un itinerario y las medidas concretas para avanzar hacia la expresión de la voluntad mayoritaria. Si esta se convoca para dirimir el sí o no al cambio de régimen, el resultado es la única salida. El control de daños y las garantías de las partes hacen parte de la discusión, pero no pueden condicionar el objetivo principal: el cambio de régimen por la democratización.