Por José Carlos García Fajardo
Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. La infancia de nuestro país es el grupo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de los recortes en las ayudas sociales. La educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de transmisión de la pobreza de padres a hijos.
Lo escribimos con sonrojo, llevamos más de 20 años desarrollando programas de apoyo a la infancia, con una atención integral a los niños, niñas y sus familias, para que la situación económica o de exclusión social en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades. Queremos que nada impida a los niños ser todo lo que quieren ser.
Desheredados: las niñas y niños españoles han sufrido la crisis de manera injusta y terrible. Pero los menores de 18 años no votan. En nuestro país, tan cristiano y diz que desarrollado, la pobreza afecta a un 16,7% de los menores de 18 años. Nos coloca junto a Bulgaria, Rumania o Grecia y muy alejados de los países europeos con mayor conciencia y eficacia social.
Como señala con dolor V. Lapuente, es el resultado de una desidia colectiva. La inversión que hacemos en la infancia no se corresponde con nuestro nivel de desarrollo económico. No son una prioridad política. El ADN de nuestro Estado de bienestar es la protección de los trabajadores, no de los ciudadanos sin tener en cuenta su situación laboral. Cerca de 1.600.000 niñas y niños que viven por debajo del umbral de la pobreza no reciben prestación por hijo a cargo. La pobreza afecta al desarrollo de las capacidades de los niños, a su bienestar físico y emocional. Y explica que nuestra tasa de abandono escolar sea una de las más altas de la UE.
Las personas más ricas aquí ganan siete veces más que las más pobres, cuando la media europea es de 5,2 veces. La desigualdad afecta con crudeza a los menores de edad que se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos. Entre 2008 y 2015 el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñadas para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Cuando una de las funciones del sistema tributario debería ser redistribuir la riqueza. Las políticas públicas no están diseñadas desde la equidad; la sanidad, la protección social, el empleo y la educación.
España es el país donde más ha aumentado durante la crisis el número de niños que viven en hogares donde nadie trabaja, hasta llegar a los 800.000 menores. Si la economía no genera empleo o no es de calidad, los hogares solo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, pero en el caso de España la inversión es muy escasa y no se distribuye de forma equitativa. Apenas el 33,6% de los niños pobres tienen acceso a la única prestación dirigida a mejorar su situación.
Este Estado, casi fallido en tantos aspectos, invierte un 1,3% del PIB, el diseño no se centra en los menores, la poca cobertura de las prestaciones (1.600.000 niños y niñas que viven por debajo del umbral de la pobreza no acceden a la prestación por hijo a cargo) y la poca inversión que se realiza por niño. Las familias más pobres destinan la mayoría de sus recursos a los gastos de la vivienda, pero la renta de los hogares más desfavorecidos ha caído a un ritmo mucho mayor que los alquileres o las hipotecas y gastos como la luz o el gas.
Titularse en educación secundaria y seguir estudiando son condiciones imprescindibles para la futura integración laboral y social de los adolescentes. Pero, acabar los estudios o dejarlos tiene que mucho que ver con el nivel de renta y formación de las familias. Las familias con más recursos dedican a la educación entre 7 y 8 veces más de dichos recursos que los del 33% más pobre, y esto influye en un los resultados académicos. Los menores más pobres tienen peores condiciones y hábitos de vida y un acceso limitado a servicios sanitarios que no cubre del todo el Estado, como el oculista, el dentista o el logopeda. Las políticas públicas deben orientarse a dar soluciones en empleo, vivienda, educación, salud y protección social. Es urgente priorizar el sistema de protección.