El anuncio de un nuevo aumento del precio de la gasolina, en el contexto de la polémica Reforma Tributaria, genera descontento en Colombia
A partir del 1 de marzo, los combustibles de Colombia serán más caros, según ha informado el Ministerio de Minas y Energía de ese país sudamericano. Así, en Bogotá, el galón de gasolina tendrá un incremento de 141 pesos —0,45 dólares— y quedará en 8.322 pesos —2,84 dólares—, mientras que el Aceite Combustible Para Motores (ACPM) costará 7.756 pesos, 2,65 dólares.
En enero, Colombia ya aumentó el precio de la gasolina como parte de un impuesto verde cuya finalidad era desincentivar el uso de combustibles fósiles para reducir emisiones de gas invernadero, de acuerdo con su ministro de Minas, Germán Arce. El periódico ‘Vanguardia’ asegura que el coste de un galón de gasolina en Colombia permitiría comprar tres en Arabia Saudita.
Este ‘gasolinazo’ ha provocado un debate social y entre distintos sectores del Gobierno e, incluso, algunos transportistas han amenazado con organizar protestas. Esa reacción se suma al descontento de la población por el aumento del Impuesto al Valor Agregado del 16 % al 19 % y la Reforma Estructural Tributaria que aprobó el Congreso colombiano.
La organización civil Red de Justicia Tributaria denunciar que “mientras la atención internacional está centrada en el proceso de paz, en Colombia se quiere aprobar una reforma tributaria que profundiza en los niveles de desigualdad”, mientras que algunas personas valoran en Twitter que se trata de una acción del “99% contra la mayoría”.
El vocero de la Red de Justicia Tributaria, Mario Alejandro Valencia, asegura que, con esta reforma, el 10 % más pobre de la población incrementaría su participación en la tributación total de Colombia del 3,7 % al 4 %, mientras que el 10 % más rico reduciría au contribución del 51 % al 49 %.
Entre 1990 y 2016, Colombia ha realizado 13 reformas tributarias, de las cuales cinco han tenido lugar en los últimos seis años de mandato de Juan Manuel Santos quien, según Valencia, pretende equiparar el IVA al de “los países ricos de la OCDE, pero con la desigualdad de Haití”.