El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios en la mira de los Estados Unidos.
El despacho León Barrena Rodríguez & Partners lanzó señalamientos contra la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar que ambas estarían dificultando la aplicación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en medio del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios.
De acuerdo con la firma, las autoridades mexicanas estarían incurriendo en prácticas que califican como una obstrucción del proceso legal, al exigir condiciones adicionales para dar curso a solicitudes de extradición. En ese contexto, sostienen que el tratado bilateral no contempla la necesidad de presentar pruebas completas en esta etapa inicial.
En su argumentación, el despacho cita el Artículo 11 del acuerdo, donde se establece que “una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sólo la existencia de una acusación y un compromiso para proporcionar documentación dentro de los 60 días”. Asimismo, agregan que el requisito de mayores evidencias sería “un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo”.
Por su parte, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier procedimiento debe ajustarse al marco jurídico nacional, lo que implica revisar cada caso antes de autorizar medidas como detenciones o extradiciones.
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En tanto, la Fiscalía ha defendido la necesidad de manejar la información con reserva, argumentando que así lo establecen los acuerdos entre ambos países, aunque el tratado no especifica limitaciones en cuanto a la difusión pública de los casos.
En medio de la polémica, Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra, asegurando que se trata de acusaciones sin sustento y con trasfondo político. Además, ha declarado que permanece tranquilo, que no planea abandonar Sinaloa y que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con el caso.
