Marco Rubio prestó juramento como el 72.º Secretario de Estado de Estados Unidos el 21 de enero de 2025. El Secretario está creando un Departamento de Estado que coloca a Estados Unidos en primer lugar, “America First”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado una fuerte crítica contra la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo sobre los riesgos que representa para la soberanía estadounidense y sus instituciones.
En un artículo publicado recientemente, Rubio plantea un escenario que, según él, muchos estadounidenses considerarían impensable: que soldados, agentes de policía, patrulleros fronterizos o líderes electos del país puedan ser juzgados por un tribunal internacional compuesto por jueces de naciones ajenas, bajo leyes que Estados Unidos no ha aceptado ni controla.
Compartimos el texto completo…
EE.UU: Por qué estamos desmantelando la CPI
Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con un tribunal mundial que pueda anular nuestros propios tribunales y la Constitución
Autor: Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
A la mayoría de nosotros nos costaría imaginar un mundo en el que soldados estadounidenses, agentes de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países elegidos al azar de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de Estados Unidos.
Pero eso es precisamente lo que la Corte Penal Internacional (CPI) afirma ahora tener la facultad de hacer.
La CPI nació a principios de siglo. Al principio, se presentó como un mecanismo de última instancia de alcance limitado para juzgar los delitos más graves. Ahora, la CPI y sus aliados buscan tener un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos, y para juzgar y detener a nuestros ciudadanos.
Los estadounidenses nunca aceptaron nada de esto. Nuestros dos principales partidos políticos se opusieron a la idea de otorgar a un tribunal internacional distante la facultad de juzgar y encarcelar a nuestros propios ciudadanos. El presidente Clinton rehusó someter el Estatuto de Roma (el documento fundacional de la CPI) a la ratificación del Senado debido a sus “preocupaciones por las importantes deficiencias del Tratado”. Dos años más tarde, una mayoría cualificada bipartidista del Senado aprobó la ley “American Servicemembers’ Protection Act” (ley de protección de los militares estadounidenses), que autorizaba al presidente “a utilizar todos los medios necesarios”, incluida la fuerza militar, para impedir que la CPI detuviera o arrestara a estadounidenses.
Aun así, los estadounidenses se vieron en el punto de mira: En 2020, la CPI inició una investigación sobre lo que la fiscal jefe Fatou Bensouda, de Gambia, describió como “crímenes de guerra cometidos por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos” en Afganistán, declarando que el Gobierno de Estados Unidos no había procesado a suficientes soldados estadounidenses para satisfacer a la corte. En efecto, la Sra. Bensouda se autoproclamaba jueza definitiva de la política militar estadounidense y de todo el sistema judicial de Estados Unidos.
La investigación sobre Afganistán no fue más que el primer movimiento en el ataque contra la soberanía estadounidense. La CPI cuenta con el respaldo y está dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia Estados Unidos.
En la segunda administración de Trump, estas presiones no han dejado de crecer. El año pasado, importantes grupos activistas instaron a altos cargos internacionales a “tomar medidas inmediatas y significativas” contra las deportaciones de delincuentes violentos a El Salvador llevadas a cabo por la Administración Trump. Meses más tarde, un exfiscal jefe de la CPI declaró que los ataques del presidente Trump contra los narcoterroristas constituían “un crimen contra la humanidad” y debían tratarse como tal en virtud del derecho internacional, una postura de la que hicieron eco los líderes de las Naciones Unidas, así como las principales organizaciones no gubernamentales de izquierda, los dirigentes del Partido Demócrata y diversos políticos. En marzo, la organización Democracy for the Arab World Now, con sede en Washington, instó al régimen iraní a que solicitara una investigación de la CPI sobre los “aparentes crímenes de guerra” cometidos por personal estadounidense.
Los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar las intervenciones ilegítimas de la CPI se han presentado como una razón más para que la CPI se fije como objetivo a los estadounidenses. Cuando 12 senadores estadounidenses escribieron al fiscal de la CPI para expresarle sus preocupaciones, la fiscalía los acusó de delitos. Cuando el Sr. Trump impuso sanciones contra personal de la CPI, un exdirector de Human Rights Watch afirmó que “los 125 Estados miembros de la CPI tendrían la obligación legal de detenerlo si llegara a presentarse”.
Es solo cuestión de tiempo para que la CPI comience a hacer realidad estas amenazas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan para expulsar a delincuentes violentos de nuestro país, los infantes de marina estadounidenses que arriesgan sus vidas para restablecer el orden en el Hemisferio Occidental, los fiscales federales que trabajan para desmantelar redes terroristas que traman atentados contra el territorio estadounidense… todos ellos se enfrentarían al riesgo constante de ser perseguidos por el “delito” de defender nuestro país.
La intromisión de la CPI en las operaciones militares y policiales estadounidenses no solo supone una grave extralimitación de sus supuestas competencias. Significaría el fin de Estados Unidos como nación soberana e independiente. Nuestra decisión y nuestro pueblo quedarían a merced de la CPI y de sus colaboradores en la “comunidad internacional”. Aceptar la CPI es ceder el control de nuestro destino nacional.
Quizá naciones más educadas y dóciles podrían conformarse con ese acuerdo. Pero esto es Estados Unidos. Nuestros antepasados libraron una revolución contra una potencia extranjera que “nos transportaba más allá de los mares para ser juzgados por supuestos delitos”. La independencia es nuestro derecho innato. No tenemos intención de cambiarla por el dominio de un clero autoproclamado del “derecho internacional”.
La Administración Trump siempre protegerá a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a esta amenaza. Estados Unidos está poniendo en marcha una campaña diplomática con un mensaje sencillo: los Estados soberanos por encima del globalismo. Quienes se benefician de la seguridad estadounidense no deben quedarse de brazos cruzados mientras se ataca a quienes garantizan esa seguridad. Esto es solo el principio. Utilizando todas las herramientas de que dispone nuestro Gobierno y colaborando con todos los aliados con los que podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI, piedra a piedra si es necesario.
