Según el Departamento de Estado, un alto burócrata sancionado aceptó “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia”.
El Departamento de Estado de EE.UU. informó este lunes en un comunicado la revocación de las visas de casi 30 funcionarios latinoamericanos que ejercen funciones públicas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los sancionados se encuentra el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, señalado de participar “en casos de corrupción significativa”.
En el caso de fiscal Mariaca, EE.UU. detalló que su sanción también incluye a “su familia inmediata”, quienes no podrán ser elegibles a entrar a ese país norteamericano. Según el Departamento de Estado, el funcionario boliviano “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia”.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo al tiempo que socavan las instituciones democráticas mismas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es simple: los funcionarios corruptos —y los criminales a los que protegen— no son bienvenidos en los EE.UU.”.
Estas medidas, indicó el comunicado, apunta contra “los funcionarios extranjeros corruptos” que “ya no pueden ingresar libremente a los EE.UU.”. Además, detalló que la sanción cumple con “los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre”.
Además del fiscal general de Bolivia, EE.UU. también impuso restricciones contra otras 12 personas: el fiscal superior Martin Daniel Irusta Flores; la jueza primera de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el Departamento boliviano de Santa Cruz, Albania Chane Caballero Saavedra; el fiscal jefe de la misma provincia, Alberto Zeballos Flores; la jefa de Instrucción en lo Penal de esa localidad, Rosario Ximena Flores Paniagua; y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Manolo Lima Magne.
Igualmente fueron sancionados el actual fiscal superior y exfiscal Departamental de Chuquisaca, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco; el magistrado constitucional, Israel Ramiro Campero Méndez; el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía; el exmagistrado suplente de la Corte Suprema, Iván Ramiro Campero Villalba; el juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza; el coronel de la Policía Boliviana, Frans William Cabrera Quispe y el empresario José Luis Iriarte Cussi. Otros nueve “ciudadanos bolivianos adicionales” que no poseen visados al igual que sus familias, fueron declarados “generalmente inelegibles para recibir visados”.
Colombia, Perú y Ecuador
En el caso de Colombia, la administración de Donald Trump revocó los visados de un empresario privado del sector energía, señalización de tráfico y alumbrado público; y de la senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Isabel Peralta Epieyú.
En Ecuador, Washington sancionó “a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familias” con la revocatoria del visado; mientras que en Perú eliminaron las visas del juez del Primer Juzgado Constitucional de Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez Matos.
