El rechazo del PP, Vox, UPN y Junts a las medidas impulsadas tras el polémico desahucio de una anciana de 87 años frena la legislatura en medio de masivas protestas en las calles.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, la fecha más cercana fijada por los plazos de la ley electoral. La decisión es consecuencia directa del fracaso parlamentario registrado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, donde se rechazó la aprobación de dos decretos ley clave en materia de vivienda.
Durante un breve comunicado desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo defendió el balance de la coalición progresista y emplazó a los españoles a elegir si desean que el país se sume a la “ola ultraderechista” o si prefieren mantener a España como “un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
“Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer”, afirmó Sánchez, denunciando que una mayoría social ha visto “cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”.
El caso ‘Maricarmen’ y la ola de indignación social
El paquete legislativo fue elaborado en respuesta al clamor social generado por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la vivienda en la que residió durante más de siete décadas. Las imágenes de los agentes antidisturbios retirándola en camilla provocaron repulsa internacional y reacciones desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El episodio derivó en intensas movilizaciones. En la Puerta del Sol de Madrid se mantiene una acampada que ya supera las 2.000 tiendas de campaña, mientras que este fin de semana las protestas se extendieron por una docena de ciudades, con decenas de miles de manifestantes exigiendo la convocatoria de una huelga general.
La aritmética parlamentaria tumba las medidas
Pese a la presión ciudadana, las iniciativas no lograron rebasar el bloque de oposición. El Partido Popular (PP) y Vox rechazaron las propuestas sosteniendo que penalizan a los propietarios y no solucionan la escasez de oferta. Tras la votación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno acusándolo de intentar atribuir a la oposición la responsabilidad por la falta de construcción de vivienda nueva.
La postura de Junts resultó determinante para el desenlace. Aunque el Ejecutivo esperaba lograr al menos la abstención de la formación independentista —tras haber fragmentado los decretos para excluir la prórroga automática de los contratos de alquiler—, los diputados del partido liderado por Carles Puigdemont votaron finalmente en contra, consumando el fracaso del Gobierno e induciendo la disolución de las Cortes.
