Por José Fortique
El escrutinio de la economía venezolana en el año 2016, requiere del abordaje profundo de dos categorías claves: escasez e inflación. Si bien, la noción de totalidad implica un recorrido dialéctico sin la barrera disciplinaria; en este artículo no se pretende desarrollar un abordaje exhaustivo sobre la crisis. En las siguientes líneas, se precisa a manera de exploración: el uso de los indicadores económicos como recurso argumentativo en la opinión pública venezolana.
El agotamiento del capitalismo rentístico en Venezuela, no se gestó en el gobierno de Maduro, yacería en el absurdo tal afirmación. Empero, las secuelas de la caída sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2013, se patentizan con las hendiduras en la inversión social. ¿Cuáles son los índices tomados por el ejecutivo para su diagnóstico económico? ¿Se consideran las condiciones concretas para la toma de decisión?. Un ejemplo de esta desconexión, es la relación del salario real con la dinámica inflacionaria: el presidente Maduro ha fijado repetidos “aumentos” salariales, que se traducen para los trabajadores en débiles ajustes, ante la pérdida acelerada del poder adquisitivo.
Por otro lado, ¿Qué impacto tiene la restricción financiera de PDVSA? es innegable la dificultad de la empresa para cumplir con los aportes en inversión social, ante la caída de los precios del crudo. La dificultad del ejecutivo para obtener nuevos ingresos o préstamos externos, representan un obstáculo importante para mantener el ritmo de los subsidios directos o los programas sociales. El presupuesto planteado para el año en curso, se soporta en buena medida sobre la recaudación tributaria en un deprimido aparato productivo. La meta anual en materia de inflación, ha terminado desaparecida en el informe de las previsiones del ejecutivo para el 2017; evidenciando un agotamiento de la estrategia económica.
Los programas sociales llamados misiones, fueron creados en el gobierno de Chávez, permitiendo una redistribución relativa de la renta. Estos contribuyeron a mejorar el índice de desigualdad (Coeficiente Gini) bajo una inflación menor a la de sus predecesores y, con altibajos en el crecimiento. En los últimos tres años, se han aportado cifras como el porcentaje invertido en lo social, pero no se contrasta con las consecuencias de la caída del PIB. En el caso de las asignaciones directas (Hogares de la Patria) diseñada en el gobierno del presidente Maduro, los altos precios de los productos básicos, terminan evaporando la iniciativa de protección al consumo, en un mercado regulado sólo en teoría desde el gobierno.
Los datos oficiales sobre la contracción económica del año 2016, son desconocidos y, únicamente se accede a los de estudios hechos por organismos internacionales u empresas privadas. El Banco Central de Venezuela (BCV), tiene la obligación de presentar regularmente los datos inflacionarios, así lo establece el marco normativo interno. En cambio, el mutismo y el retraso en los reportes, se han convertido en los rasgos distintivos del ente. Esta omisión se puede leer claramente, a manera de reconocimiento implícito de la caída abrupta.
En las dos últimas décadas, la pugna se centró sobre la veracidad de las cifras. Inclusive, en los gobiernos que preceden a Chávez, los informes inflacionarios avalados por organismos como el FMI, estaban sujetos a la sospecha de la izquierda. En la crisis de los 90, se presumía el maquillaje de las cifras, para esconder las dimensiones reales de los efectos del paquete neoliberal del gobierno de CAP (2) y, continuado en el de Caldera. Esto llevó a una crecida inflacionaria superior al 103%, en el período de 1993-1998.
En el año en curso, la Asamblea Nacional, ha comenzado a emitir cifras de inflación sin validez para otras instancias del Estado. Es preciso señalar la pugna de la Asamblea Nacional contra el Ejecutivo, desencadenando una cesantía del parlamento, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante el desacato parlamentario, el gobierno del presidente Maduro ha tomado el atajo de los decretos de emergencia económica, a modo de vía operativa para librar la batalla legal contra la “guerra económica”. Desde la óptica gubernamental, se trata de un estado de excepción, que amerita la entrega de poderes especiales al gobierno, para decidir sobre materia tributaria, de fiscalización entre otras.
Este dilema sobre los indicadores económicos no es nuevo, ni exclusivo de Venezuela. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los diputados de oposición ante el Congreso argentino, decidieron crear su propio índice inflacionario (IPC), cuestionando los datos emitidos por el INDEC. Esta institución es la encargada de la estadística oficial. La batalla de los índices de precios, involucraba a un conjunto de consultoras privadas alineadas con la oposición. La agencia experimentó el cuestionamiento constante del FMI, arguyendo la presentación de cifras falsas.
En la actualidad, la credibilidad del INDEC sigue en vilo en el gobierno de Macri, al ocultarse la información sobre la inflación del año 2016, bajo el pretexto del “apagón estadístico”. No obstante, el respaldo del FMI a la gestión del nuevo gobierno, ha terminado por levantar las sanciones al INDEC. La estimación de las consultoras privadas, las universidades y el Índice del Congreso en Argentina, revelan los graves efectos de las medidas de shock en materia económica. El incrementó de la inflación se estima a niveles mucho más altos que el promedio regional, sólo debajo del comportamiento de Venezuela. Estas cifras difieren totalmente de las presentadas por el gobierno de Macri.
Si bien, en el caso argentino se presenta una alta inflación, no se puede extrapolar para el estudio venezolano. Lo rescatable de la comparación, no son los datos en sí, ni tampoco la contraposición de los modelos económicos que es materia para otro texto; en este caso se trata de advertir el uso clave de la estadística o de los indicadores económicos, en la argumentación política. Es elemental mencionar a Joel Best, cuando apunta a la comprensión de la estadística como “construcción social”; lejos del reino de la matemática pura. Los actores políticos sin distinción de ideologías, recurren a la estadística a modo de instrumento retórico frente a la opinión pública y, convierten a los organismos técnicos en una parte esencial de la confrontación.
Partiendo de esta premisa, se puede reflexionar sobre las gestiones del BCV y el INE en Venezuela. En los últimos años, se convocó a expertos para modificar la metodología en el cálculo de la inflación y del PIB. En el fondo, la emisión de información económica implica un reto para la evaluación de la política gubernamental. Frente a las distensiones, el uso de las estadísticas pasa de ser un problema de los técnicos para convertirse en material bélico de primer orden en la ofensiva política. ´
La omisión del BCV y el INE, son paleadas con otros indicadores oficiales. Así, lo imperioso es el número de viviendas construidas, el número de toneladas de alimentos distribuidos o el porcentaje de la inversión social. La inflación o la escasez desaparecen en números y, se subsumen en un discurso genérico contra la agresión externa (imperialista) e interna de los grupos de oposición (derecha). En contraparte, la oposición desconoce el origen estructural de la inflación y, tratan de presentarla como un fenómeno chavista, haciendo hincapié en el espinoso ciclo de Maduro.
El Banco Mundial, la CEPAL y el FMI, exponen una recesión continua durante los últimos 03 años en Venezuela. La contracción en 2016, se estimó entre los 8 pts. a 10 pts.; con niveles de inflación superiores al 100%; ubicando al país en el tope del ranking mundial. En el escenario más optimista, presentado por la CEPAL, la recuperación económica luce distante para Venezuela. Precisamente, ante el escenario caótico presentado en los reportes de las agencias privadas o los organismos internacionales, el gobierno recurre al reconocimiento de la FAO en materia de alimentación, o a las cifras diseccionadas de los informes de la CEPAL, como la esperanza de vida.
Los síntomas del malestar económico son evidentes en lo cualitativo. El brutal desplome del salario real, la perversión del control de cambio y, la dificultad para el acceso a los productos básicos, son parte de la cotidianidad de los venezolanos. La caída de los precios petroleros, desequilibró los ingresos en divisas del país, creando serias dificultades para las importaciones y el pago de la deuda internacional. Adicional, la sequía obligó a la reducción de las operaciones de empresas estatales y privadas en 2016, ante la inestabilidad energética altamente dependiente del sistema hidroeléctrico.
Los reportes de organismo de investigación no gubernamentales, presentan la evolución de los precios de la canasta básica, a niveles astronómicos para el ingreso promedio de los hogares venezolanos. Es complicado para quienes no conocen la dinámica interna del país, percibir la diferencia en los índices de precios tomados desde las entidades oficiales, las agencias privadas y los institutos de investigación.
En síntesis, el problema no reside sólo en la autenticidad de la fuente, sino en el contexto de las cifras. De esta forma, mientras el gobierno titula en sus medios de comunicación el número de familias beneficiadas con su mecanismo de distribución de alimentos (CLAP), basado en precios por debajo del salario mínimo (regulados), el resto de los medios asumen los de organizaciones que reflejan los precios abiertos (especulativos), donde el salario mínimo es incapaz de cubrir el 10% de los productos básicos.
En los últimos años, la diferencia entre los datos oficiales y no gubernamentales, cruza al límite de lo inconcebible. No se trata de pequeños puntos porcentuales del cálculo o de errores en alguna variable. Es simplemente, la consecuencia de una economía distorsionada, asentada en un sistema de triple tasas de cambio y, un poderoso mercado clandestino alentado por la lucrativa actividad del contrabando y la reventa interna. En distintas modalidades operan redes de comercialización paralelas, bautizadas con el eufemismo de “bachaqueo”. La distribución de alimentos desde los CLAP es irregular, empujando a satisfacer el consumo en el mercado ilegal ante la escasez de productos en las cadenas de comercialización regulares.
¿Cómo se puede mapear la pobreza sin indicadores económicos? El análisis cualitativo de los datos económicos, es fundamental para el diseño de las políticas públicas. No obstante, a la hora de pensar en opciones, los centros de investigación académicos tampoco están exentos del modelaje de la opinión pública. En el caso venezolano, las universidades autónomas son un espacio de confrontación directa con el gobierno, impregnando el entorno de su producción académica; el resto de las universidades bajo control gubernamental, disponen de exiguos observatorios o think tanks que aporten reportes sobre el comportamiento de las variables económicas.
A modo de cierre, es importante recordar los espasmos del capitalismo y, su agonía a nivel global. Los sectores reformistas y neoliberales, tratan de aprovechar los traspiés del chavismo en materia económica, para etiquetar como irrealizable cualquier iniciativa anticapitalista. Por ello, es desacertado presentar la experiencia venezolana, como una prueba inexpugnable del fracaso socialista, a sabiendas que hace aguas el capitalismo rentístico y su condición periférica.