Cientos de casos de torturas en Venezuela fueron presentados este martes por la abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este nuevo informe está enfocado en los delitos de lesa humanidad que habría cometido el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante 2018. En total, el instituto registró 106 casos de tortura. Del total, 65 personas, el 61.3%, son militares; mientras que 41, 38.7%, son civiles.
Esto sería una diferencia con respecto al año pasado, cuando la mayoría era civil.
Un dato que resalta Suju es que, según ella, en 11 de esos hechos: “el acento cubano estaba presente”. “Otro de los patrones son las torturas incisivas como lo es la electricidad, el ahogamiento y la asfixia”, señaló la abogada.
De acuerdo al informe, de las 95 personas que fueron torturadas mientras se encontraban en custodia del estado, 6 reportaron que habían sido violados.
“Cuando se describe en Venezuela como un campo de concentración a cielo abierto, donde sus habitantes son sometidos a toda clase de arbitrariedades, represión sistemática, y terrorismo de estado, no es solo un slogan. Es la forma de describir un sistema que se ha instaurado en Venezuela”, aseguró la abogada.
La defensora de DD.HH. señala que este año, a diferencia de los años anteriores, no necesitan encarcelar o torturar en grandes números, si no que ejemplarizan los tratos crueles con una persona para dirigir un mensaje. “Cuando se detiene y se tortura a un diputado, se tortura a todos los diputados. Cuando se tortura a un militar, y además se muestra en las redes sociales (…) ese mensaje llega a los militares”.
El informe igualmente señala que el ente con más denuncia de torturas es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con 68% de los casos. Tanto el Dgcim como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), otro de los organismos señalados, están adscritos a la vicepresidencia del país, señala Suju, cargo que actualmente ocupa Delcy Rodríguez.
Este informe, junto a otro elaborado en mayo por un grupo de expertos independientes, fue entregado como evidencia a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que evalúa la posible apertura de una investigación formal contra el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido denunciado por más de 7 países ante el tribunal internacional.
En conversación con la Voz de América, Suju aseguró que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, han recibido más de 576 denuncias por parte de víctimas directas de torturas.
Consultado por la Voz de América el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien también presentó a Suju, cuestionó a la Corte Penal Internacional:
“La pregunta a la Corte Penal Internacional sería: ¿estos casos de tortura no tienen la posibilidad de justicia internacional? ¿no tienen ante la CPI la posibilidad de recoger esas denuncias, analizar esas denuncias, procesar esos testimonios? ¿los casos de ejecuciones extrajudiciales, no van a ser procesados? ¿no van a tener los familiares de las víctimas un día de justicia ante la Corte?”.
Desde Venezuela, el gobierno ha rechazado no solo los informes presentados ante la OEA, sino las denuncias hechas contra el propio presidente Maduro y otros funcionarios en el máximo tribunal internacional.