Médicos independientes revelan que Nicaragua ha realizado 17.284 pruebas de COVID-19 y de ellas 9.000 fueron casos positivos
MANAGUA – Las autoridades de Nicaragua no han presentado información sobre la cantidad de pruebas de COVID-19 que se han aplicado, sin embargo, médicos independientes aseguran haber accedido a información oficial sobre la pandemia y revelaron que el Ministerio de Salud realizó, entre el 28 de febrero y el 24 de julio, 17.284 exámenes de Reacción en Cadena de la Polimersa (PCR).
De ellas, sostienen, 9.683 dieron positivo, lo que equivaldría según los especialistas al 56 % y más elevado porcentaje de casos positivos en el mundo.
La información llega en medio de las críticas dentro y fuera sobre el manejo de la pandemia de parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua Organismos como la Organización Panamericana de la Salud han insistido en que es preciso que la información sea compartida al tiempo que han instado al gobierno a cumplir recomendaciones de la Organización Mundial de Salud que hasta el momento ha desechado el país.
El epidemiólogo Álvaro Ramírez verificó los datos y señaló que estas cifras reflejan que Nicaragua es el país en la región centroamericana que realiza menos pruebas para detectar el COVID-19 y en consecuencia el que menos control tiene sobre la crisis sanitaria.
“Está muy por debajo de lo que se esperaría que un país debería estar haciendo. Nicaragua solo se compara con Haití que ha hecho 20.000 muestras, está muy por debajo de lo que significa una toma de muestras para acciones de salud pública de protección a la ciudadanía”, señaló Ramírez.
En cuanto a la realización de pruebas en la región está a la cabeza Panamá con 273.685 pruebas PCR; El Salvador con 283.295; Guatemala con 200.984; Honduras con 123.539 y Costa Rica con 120.435.
Recientemente el grupo de ciberactivistas Anonymous Lorian Synaro hackeó la red del Ministerio de Salud de Nicaragua y difundió información extraoficial sobre los casos COVID-19 en el país. Los médicos independientes dedicaron más de 150 horas a revisar los documentos y tras verificar la autenticidad fueron enviados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Hoy podemos confirmar categóricamente que son datos oficiales no revelados por el gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria de importancia internacional. En cumplimiento con el reglamento sanitario internacional la OPS debe de buscar y analizar cualquier información que permita hacer el análisis adecuado de la situación de salud pública de importancia internacional”, manifestó el médico.
Entre los detalles revelados está que los hombres entre 50 y 70 años son los más impactados, así como las mujeres de 18 y 50 años de edad. Así mismo se señaló que en el periodo de febrero a julio, 23 menores de edad resultaron positivos.
La activista social de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, dijo que elevarán la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos.
“Hemos hecho gestiones ante organismos internacionales para que el dinero que llegue no lo maneje la dictadura. Vamos a usar esta información para seguir con la fuerte denuncia internacional, esta información se viene a sumar a las violaciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales”, dijo Granera.
En un comunicado, la Unidad Nacional Azul y Blanco exigió al gobierno que presente a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional, la información oficial, formal, transparente y verificable de las pruebas de COVID-19 aplicadas en el país junto a los resultados de éstas.
“Los datos oficiales expuestos, publicados y analizados por expertos de la salud y la epidemiología, indican que el Ministerio de Salud ha ocultado deliberadamente, al pueblo de Nicaragua y a los organismos internacionales, información valiosa y útil para la toma de decisiones y la aplicación de medidas de protección para las familias nicaragüenses, mintiendo flagrantemente en sus informes semanales”, señala el documento.
Según la agrupación, esta política de hermetismo y manipulación de información oficial verdadera no solo viola los derechos de las personas nicaragüenses de buscar, recibir y difundir información pública, sino que también lesiona la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), la Ley General de la Salud (Ley 423) y el Reglamento Sanitario Internacional.