La máxima instancia en materia de derechos humanos del continente ordenó liberar a 4 figuras políticas detenidas y garantizar la seguridad de sus familias. Por el momento, el gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido la orden judicial
Los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violenta Granera siguen detenidos y en condición de incomunicados a más de tres semanas de emitida la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó al Estado de Nicaragua su liberación inmediata.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, que solicitó a la Corte IDH -con sede en Costa Rica- medidas provisionales para los cuatro detenidos y sus núcleos familiares ante la gravedad de su situación, se desconoce si el gobierno de Daniel Ortega habría establecido comunicación con la máxima autoridad de derecho humanos del continente para abordar el contenido de la sentencia.
“En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. Para los mismos efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”, dicta el numeral 8 el Artículo 27 del reglamento de la Corte IDH, sobre cumplimiento de sus mandatos.
La supervisión del cumplimiento de medidas provisionales se hará por medio de informes estatales y con observaciones de los beneficiarios del las mismas o sus representantes legales, agrega.
A la fecha han transcurrido 19 días desde que la CIDH solicitó las medidas provisionales y 18 desde que la Corte diera el veredicto que está obligado a cumplir el estado nicaragüense al ser firmante de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Observadores de derechos humano sobre el terreno han confirmado que la situación de los detenidos amparados por medidas cautelares desde la CIDH y los protegidos con medidas provisionales por la Corte IDH continúa en la misma situación con el agravante que el número de presos crece cada día.
“La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad”, dijo la Corte IDH en su resolución del 24 de junio.
Y reseñó la “especial importancia” de la sentencia emitida en un contexto de profunda crisis en materia de derechos humanos en el país centroamericano que desarrollaría elecciones generales el 7 de noviembre próximo donde el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), comandado por Ortega y su esposa Rosario Murillo, acudirían a las urnas para ser reelegidos, sin contrincantes.
A la falta de cumplimiento de la orden de la Corte IDH crecen las detenciones arbitrarias de opositores e intimidación de defensores de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega y Murillo que en 2021 cumplen 14 años consecutivos en el poder, desde el segundo arribo a la silla presidencial por parte del matrimonio presidencial, en enero de 2007.
En su segunda estancia en el poder la pareja ha logrado copar con los suyos uno a uno los poderes del estado y anulado los contrapesos, según denuncias de Estados Unidos y la comunidad internacional que ven en las detenciones de todos los eventuales candidatos opositores un claro mensaje que Ortega no está dispuesto a participar en elecciones libres y democráticas.
Nicaragua acusa de injerencia a organismos que vigilan el país
Ante el rechazo de la comunidad internacional: Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea y sus respectivas instancias de derechos humanos por falta de garantías de estado de derecho, el gobierno de nicaragüense ha plantado en su defensa que está cumpliendo con su propio normativa interna.
Daniel Ortega dijo que los amparados por las normativas de derecho internacional no son figuras políticas que aspiran legítimamente a cargos de elección popular, sino “criminales que han atacado al país”.
Y que las acciones de la comunidad internacional se apegan a objetivos del “imperio yanqui” que “conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno” sandinista.
Además el mandatario argumenta que los procesos judiciales contra los detenidos se ciñen bajo la normativa por “incitación a la injerencia extranjera” en el marco legal creado por su gobierno para, según organismos internacionales, cerrar cualquier espacio a los opositores.
El embajador de Nicaragua en la OEA, Ricardo Alvarado, ha calificado los informes de la CIDH y otras instancias observadoras del país de “malintencionados” y como armas de la administración de Joe Biden y los países del consenso de naciones para imponer “descarada injerencia en el proceso electoral de su país”.
Entre otras figuras detenidas por el gobierno figuran también Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas y la primera en ser detenida en la reciente ola de arrestos que atraviesa el país desde principios de junio, a la que se han sumado periodistas, empresarios, activistas políticos, lideres estudiantiles a los que Ortega y Murillo consideran enemigos de su país.