Las multas propuestas desde el Ejecutivo pueden ser de entre dos y ocho veces el salario mensual del sancionado, además de cualquier otra multa o penalidad “que la legislación establezca”
El Congreso nicaragüense informó el lunes que buscará aprobar tres iniciativas, presentadas desde el Ejecutivo, para reformar la ley general bancaria o Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.
Las reformas ampliarían las sanciones a estas entidades -así como a cualquier funcionario- que incurran en faltas relacionas con el lavado de dinero, divulgación de información y otros.
Las multas propuestas desde el Ejecutivo pueden ser de entre dos y ocho veces el salario mensual del sancionado, sumado a ella cualquier otra penalización “que la legislación establezca”.
De acuerdo con la información divulgada por la Asamblea Legislativa de Nicaragua, la propuesta les permitirá sancionar a cualquier director, administrador, auditor interno o empleado que informe a un cliente sobre cualquier proceso relacionado con una investigación de lavado de dinero hacía sus cuentas.
De aprobarse las reformar no podrán informar a los clientes de que su actividad financiera está “siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero”.
La iniciativa además pretende multar a aquellos que oculten o alteren datos o antecedentes en balances, libros, estados de cuentas, etc. Así como en otro tipo de documentos para entorpecer o evitar “la fiscalización, supervisión o inspección”.
El Gobierno nicaragüense afirma que, además de tratarse de una exigencia del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), las enmiendas forman parte de su “firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Además, expuso que la realidad del país y del sistema financiero ha cambiado, razón por la cual deben “proceder a la actualización”.
“Nicaragua debe seguir avanzando a fin de alcanzar niveles similares al de los países del área en cuanto al establecimiento de sanciones que sean efectivas, proporcionales y disuasivas para nuestro sector financiero, lo que se ha establecido como una deficiencia de parte del Grupo de Acción Financiero Internacional”, aseveró.