Al menos 12 personas fueron detenidas la noche de ayer sábado 6 de noviembre en Nicaragua, en la víspera de las elecciones generales que ya estaban marcadas por el encarcelamiento de una treintena de opositores, incluidos siete aspirantes presidenciales.
Cuatro de los detenidos pertenecen a la Alianza Cívica y ocho a la Unidad Nacional Azul y Blanco, las dos organizaciones opositoras más importantes del país.
Las organizaciones surgieron a raíz de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, las cuales marcaron un hito al tambalear al mandatario que retornó al poder hace más de 10 años.
“Están a punto de secuestrarme y estoy lleno de energía y fuerza. Fortaleza. Vamos a lograr la democracia”, dijo Muammar Vado, quien forma parte de los detenidos, minutos antes de ser despojado de su teléfono celular.
En estas elecciones, que los opositores señalan de llevarse a cabo sin competencia, Daniel Ortega busca cinco años más en el poder. De lograrlo, tal y como se vislumbra, según analistas, cumpliría 20 años consecutivos gobernando en Nicaragua.
Su esposa, Rosario Murillo, lo acompaña como fórmula a la vicepresidencia. Murillo ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
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“Un fraude a otro nivel”
El panorama electoral es cuestionado fuertemente por la comunidad internacional y la población nicaragüense.
“Lo que vamos a tener es un fraude a otro nivel. A Ortega no le bastó con falsificar actas, boletas, ahora es un fraude en todo el sistema. Fabricó una elección con sus propios competidores”, dijo a la VOA, el exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez.
“Calló a todos sus críticos y no dejó entrar a la prensa extranjera. Eso no es normal cuando alguien para reelegirse hace todo eso”, agregó.
En la boleta aparecen otros cinco candidatos, que han mantenido un perfil bajo y la oposición acusa de “cómplices” de Ortega.
El gobierno de Ortega asegura que el proceso electoral se apega a la Constitución Política y a las leyes electorales de Nicaragua.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, dijo a finales de octubre que las elecciones contaban “con la libre participación de los partidos políticos legalmente constituidos”.