Washington – Las entidades estadounidenses interesadas en acceder a fondos de un programa de ayudas del Departamento de Justicia deberán cumplir las normas contra las llamadas ciudades santuario, comunicó hoy esa dependencia gubernamental.
Tales urbes, que son unas 200 en Estados Unidos, limitan su colaboración con las autoridades federales para proteger a los inmigrantes indocumentados.
Según las medidas, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y notificar con 48 horas de antelación la puesta en libertad bajo custodia de cualquier persona sin papeles.
Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos debemos alentar a estos territorios santuario a cambiar sus políticas, afirmó en un comunicado el fiscal general, Jeff Sessions.
Reportes periodísticos divulgaron que el programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos y entrenamiento.
A partir de ahora, solo se adjudicarán fondos a las ciudades y estados que cumplan con la ley federal, puntualizó Sessions.
Pocos días después de asumir el cargo el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.
La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos recursos financieros a las ciudades santuario.
En opinión del fiscal general, cuando esas urbes y los estados se niegan a ayudar a hacer cumplir las leyes, su país es menos seguro, por lo cual esas políticas no pueden continuar.
Sessions manifestó a finales de marzo que con tales posiciones las ciudades santuario están menos protegidas, y se ponían en riesgo de perder los recursos federales.