Deberán pagar 36 millones de dólares para reparar el daño que le causaron a la familia de la excandidata presidencial por su secuestro
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EE.UU. ordena a la desaparecidas FARC indemnizar al hijo de Ingrid Betancourt. Un juez federal de EE.UU. acaba de ordenar que 14 miembros de la ya desaparecida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le paguen una suma millonaria a Lawrence Delloye, hijo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 y pasó más de seis años en manos del grupo armado.
En concreto, el magistrado Matthew W. Brann estableció la cifra de 36 millones de dólares, de los cuales 12 serán para Delloye y 24 para cubrir gastos de abogados y otros costos del litigio.
La demanda interpuesta por el joven en los tribunales norteamericanos se sustentó en la “angustia emocional significativa” que atravesó por la retención ilegal de su madre. Cuando se produjo el secuestro en la zona de El Caguán, departamento de Caquetá, Betancourt estaba en plena campaña presidencial y su hijo tenía 13 años.
La Justicia estadounidense aplicó la ley antiterrorista
Así, pese a que la pretensión inicial era pedir 12 millones de dólares por daños y perjuicios, el juez triplicó el monto amparándose en la ley antiterrorista, más conocida como ATA. En EE.UU., los casos vinculados al terrorismo pueden tratarse en ese país, aunque se hayan producido en otros lugares del mundo.
De hecho, los abogados de Delloye sostuvieron que el secuestro se utilizó para interferir en la política colombiana, pero también en la agenda de Washington, indica el sitio Asuntos Legales. Eso, sumado a las condiciones de cautiverio de Betancourt, que habrían perjudicado su estado de salud mental y físico.
En cuanto a los implicados, entre ellos está Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, líder de ‘Segunda Marquetalia’, una disidencia de las FARC en la actualidad, que no se plegaron al acuerdo de paz y siguen actuando en el país.
Ahora, los abogados están buscando la forma de poder cobrar esta importante suma. En el 2012 ya se produjo un antecedente de un fallo por 318 millones de dólares que nunca se pudo ejecutar, porque las autoridades no tenían bienes de la exguerrilla decomisados en EE.UU. Ahora, tras una enmienda aprobada en el 2018, se pueden embargar fondos de personas relacionadas al grupo guerrillero.