Una controladora del aeropuerto boliviano de donde partió el avión del equipo de fútbol que se estrelló en Colombia huyó a Brasil. Está acusada de no haber reportado los problemas del plan de vuelo.
Celia Castedo Monasterio, empleada de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana) de Bolivia en la terminal Viru Viru, de donde partió el avión que llevaba a la expedición del Chapecoense rumbo a Colombia que luego acabó en la tragedia que le costó la vida a 71 personas, ha huido del país.
La controladora aérea se presentó este lunes en Corumbá, una ciudad brasileña fronteriza con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Allí -junto a su abogado- solicitó información a la Policía y al Ministerio Público para tramitar un pedido de refugio.
El delegado de la Policía Federal local, Sergio Luis Macedo, declaró que “la mujer quería entrar la solicitud de asilo, que es común aquí. Luego se fue diciendo que iría al Ministerio Público de la Federación”.
¿De qué se le acusa?
Castedo Monasterio asegura que le realizó cinco observaciones al plan de vuelo presentado por Álex Quispe, despachador de la aerolínea LaMia que transportaba al equipo de fútbol y varios periodistas. Uno de ellos hacía referencia a la autonomía de la aeronave, la cual era insuficiente para realizar el trayecto. Esto fue efectivamente así, tal como se desprendió de las comunicaciones entre la torre de control y el piloto, que aseguró haberse quedado sin combustible.
Sin embargo las autoridades de Aasana sostienen que esas observaciones nunca fueron reportadas y se habilitó la salida del avión. La sospecha que ronda sobre Castedo Monasterio es que elaboró el informe luego del accidente. Por este motivo la Fiscalía boliviana la acusa de “incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad del vuelo”.
Por su parte, el sindicato de trabajadores de Aasana defendió a la trabajadora y solicitó al Gobierno que destituya a Marcelo Chávez, jefe de la regional de Santa Cruz. Jorge Cabrera, secretario general del gremio, declaró que la denuncia “hace juicios anticipados, pues la comisión investigadora internacional ni se ha reunido y los resultados recién saldrán en seis meses”.