La oposición venezolana denuncia que el Tribunal Supremo de Justicia validó un “fraude electoral” usurpando funciones del Poder Electoral y califica de “nula” la sentencia que certifica los resultados que dieron como ganador de los comicios del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó este jueves los cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador de las elecciones del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición dijo previamente que cualquier sentencia es “nula”.
“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral”, dice la sentencia inapelable, sobre la base de un informe elaborado por peritos cuya identidad se desconoce.
La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales, proceso en el que no participaron testigos ni expertos de la oposición. El mandatario dijo que el fallo sería “santa palabra” y que debe ser acatado.
La presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció que remitirían copia certificada de la sentencia al fiscal general, Tarek William Saab, para que sea incorporada a las investigaciones penales que adelanta el Ministerio Público y determinar responsabilidades por la presunta comisión de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
El TSJ exhortó a la autoridad electoral a publicar los resultados de las elecciones en gaceta oficial, pero no se refirió a su divulgación, de manera desglosada, en su página web.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero, tres semanas después del proceso, no ha divulgado los resultados desglosados.
La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos. Según Maduro el 83 % de esas actas son falsas, pero su partido no publicó sus copias.
El TSJ dijo que González Urrutia desacató su mandato lo que, aseguró, acarreará sanciones por “irrespeto a la autoridad judicial”.
González Urrutia afirmó que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”, escribió en X.
Nueve de diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación del TSJ. González Urrutia descartó acudir argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.
María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial de la oposición, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha insistido en que debe darse una verificación internacional independiente y aseguró que el procedimiento del TSJ es una “farsa” y una “confesión de su derrota”.
La coalición de partidos opositores que respalda a Machado y a González Urrutia, había dicho el miércoles que cualquier sentencia del TSJ sobre los resultados electorales “sería ineficaz y nula”.
“Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”, expuso en un comunicado la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La PUD insiste en que la Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer funciones del CNE, órgano “constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de los votos”.
Distintas organizaciones, entre ellas el Centro Carter, que envió una misión técnica para las elecciones presidenciales que ha sido cuestionada por el gobierno, han descartado que el organismo pudiera ejecutar una verificación independiente.
El Consejo de DDHH de la ONU recordó este jueves que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha alertado sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE. Éste último no ejecutó al menos tres autorías clave para determinar que el material presentado por las autoridades electorales se corresponda con el del 28 de julio.
El ex candidato presidencial opositor, Enrique Márquez, que no integra la PUD, intentó infructuosamente varias acciones, entre ellas la recusación de la presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, por su militancia en el partido de gobierno. También denunció que no hubo posibilidad de tener acceso al expediente del recurso.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, advirtió esta semana que “exigirá cuentas” a quienes permitan el “fraude electoral” y la represión en Venezuela. De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia Reuters, Washington podría imponer sanciones a funcionarios venezolanos y sus familiares.
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo al balance oficial 25 personas murieron y al menos 2000 han sido detenidas, muchas acusadas de terrorismo.
El gobierno ha responsabilizado a Machado y a González Urrutia, de supuestamente promover violencia en el país, a través de los comanditos, una red ciudadana organizada por la oposición para custodiar los votos. La oposición ha desestimado la narrativa del gobierno y ha denunciado una escalada en la represión y en las detenciones arbitrarias.
Varios países han pedido la publicación de “todas las actas originales” y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Además, han expresado preocupación por la creciente “represión”.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.