El gobierno de Venezuela anunció que tomará “todas las medidas necesarias” para denunciar la confiscación por Estados Unidos de un avión propiedad del Estado venezolano y exigir su inmediata devolución.
El gobierno del venezolano Nicolás Maduro rechazó el viernes la confiscación por Estados Unidos de una aeronave propiedad de la sancionada estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y aseguró que “tomará todas las acciones” para denunciar el “robo” y exigir su inmediata devolución.
Además, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de haber dado la orden de confiscar el avión.
“Su odio hacia Venezuela lo lleva ahora al delito abierto, confiscando ilegalmente un avión de PDVSA con la complicidad del gobierno cipayo de la República Dominicana”, precisa un comunicado de la Cancillería venezolana en el que calificó la medida como un “robo descarado”.
“Este ataque contra Venezuela demuestra que Rubio no es más que un delincuente disfrazado de político, usando su cargo para saquear y despojar a nuestro país de sus bienes. Su odio lo convierte en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra patria”, continúa el texto.
Rubio, que culminó este jueves una gira por varios países de la región, supervisó la incautación del avión Dassault Falcon 200 retenido en República Dominicana desde abril del año pasado, y que ha sido utilizado por Maduro y altos funcionarios de su gobierno.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, la incautación se dio con “base en violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones” de ese país.
La medida ocurrió casi una semana después de que Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, se reunió con Maduro en Caracas para conversar sobre la repatriación de venezolanos en situación irregular en Estados Unidos.
Grenell volvió a su país con seis estadounidenses que estaban arrestados en Venezuela.
En septiembre del 2024, EEUU confiscó otro avión que también estaba en República Dominicana, y que de acuerdo al Departamento de Justicia “fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus allegados”.