Algunos representan de los medios de comunicación independientes emitieron un comunicado para “condenar” las agresiones que han recibido el gremio durante las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril y dejaron 43 personas muertas entre ellos el periodista Ángel Gahona de Bluefields, quien en el ejercicio de su profesión perdió la vida.
El grupo de periodistas también “exigió” que los hechos ocurridos sean investigados para iniciar el proceso de justicia.
“En defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión, exigimos el cese de la represión y las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación”, señala el pronunciamiento firmado por reporteros, editores, escritores, columnistas, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, blogueros, corresponsales nacionales y extranjeros, propietarios de espacios y medios de comunicación locales y nacionales.
Douglas Carcache, director de El Nuevo Diario declaró “nunca más puede volver a ocurrir ninguna acción de censura, ni presiones para impedir la libre función informativa; tampoco se puede bloquear el acceso a la información pública, porque los ciudadanos tienen derecho a ser bien informados y eso lo establece la Constitución del país”.
A continuación detalles del pronunciamiento de la prensa independiente en Nicaragua:
Ante la gravedad de los actos de represión que se han desatado en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, y que han dejado más de 46 muertos, decenas de heridos y desaparecidos:
1. Condenamos la masacre y exigimos que sea investigada por una comisión independiente del Estado que establezca la verdad, para someter a los responsables ante la justicia.
2. Condenamos las agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación, que se mantienen en la impunidad:
• El asesinato de Ángel Gahona, ocurrido en Bluefields.
• El ataque y la destrucción de Radio Darío, ocurrido en León.
• Las agresiones físicas contra los periodistas que cubren las protestas y el robo de sus medios de trabajo.
• La censura ilegal impuesta por Telcor contra 100% Noticias, Canal 12, Telenorte en la ciudad de Estelí, y otros medios de televisión.
El asesinato de periodistas, las agresiones contra reporteros y camarógrafos mientras desarrollan su labor periodística, y la censura de medios, son prácticas que deben ser desterradas para siempre.
3. Rechazamos toda agresión –directa o indirecta– contra periodistas de cualquier medio de comunicación, y demandamos al Estado y a la sociedad, una política de cero tolerancia ante las agresiones contra periodistas.
4. Exigimos al gobierno del presidente Daniel Ortega, el pleno respeto al derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la información, consagrados en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
5. Reconocemos el extraordinario despliegue de los ciudadanos que, haciendo uso de su derecho constitucional, están brindando información a través de las redes sociales. Gracias a su empoderamiento, se está derrotando a la censura y el monólogo oficial. Rechazamos los planes del régimen de imponer la censura y cortapisas para limitar este derecho ciudadano.
6. Reiteramos nuestro compromiso como periodistas profesionales, por la autorregulación ética, y la búsqueda de la verdad, divulgando información confirmada en base a un riguroso contraste de fuentes.
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7. Rechazamos las campañas de calumnias y difamación promovidas contra periodistas, y responsabilizamos al Estado por sus consecuencias.
8. Exigimos el cese del secretismo en la política estatal de comunicación, y demandamos que se restituya el derecho a la información pública consagrado en la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública y en la Constitución.
9. La distribución de la publicidad oficial no puede seguir siendo un monopolio de los medios de la familia gobernante y sus allegados, ni ser utilizada para castigar a los medios críticos de la gestión del Estado.
10. Telcor debería funcionar como una institución ajena a los intereses del gobernante, para que no siga siendo utilizada como garrote contra los medios críticos del Gobierno. La Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA), y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), deben de dejar de ser instrumentos de coacción contra los medios de comunicación.
A lo largo de nuestra historia, la conquista de la libertad de expresión en Nicaragua ha tenido un altísimo costo; periodistas asesinados, desterrados, encarcelados, medios confiscados y objeto de cuantiosas multas.
La cobertura de las protestas, forma parte del trabajo cotidiano e ineludible que realizan los periodistas de distintos medios de comunicación. Los nicaragüenses tienen derecho a conocer el desarrollo de los acontecimientos que marcan el rumbo de la nación.
En virtud de lo anterior hacemos un llamado al Estado, en primer lugar, y a todos los nicaragüenses, a respetar el derecho y el deber que tienen los periodistas a realizar su trabajo sin recibir ningún tipo de vejación.
Demandamos cero agresiones contra los periodistas, ni ningún tipo de represalias de parte del Estado contra los medios, por el simple cumplimiento de su sagrada labor de informar.