La Congresista Ileana Ros-Lehtinen, celebró el respaldo bipartidista que tuvo este reglamento, que afectará curso de la economía nicaragüense
Los promotores principales de la HR 1918, la Ley de Condicionalidad de la Inversión (NICA) nicaragüense de 2017, Ileana Ros-Lehtinen, Presidente Emérito de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el Representante de Estados Unidos, Albio Sires (D-NJ), miembro de la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental, hablan de la aprobación de este reglamento aprobado por unanimidad por el Comité de Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“La Ley NICA, que ya goza de un apoyo bipartidista tremendo, es un proyecto de ley importante y necesario que ayudará al pueblo nicaragüense en su lucha por los derechos humanos, estado de derecho, y un sistema electoral libre, justo y transparente. El Congreso ha implementado condiciones similares para apoyar los pueblos de Honduras, Guatemala y El Salvador, y los Estados Unidos debe hacer lo mismo con el pueblo nicaragüense mientras continúan pidiendo la libertad y la democracia. Aplaudimos al Comité de Asuntos Exteriores por la aprobación de la Ley NICA y esperamos su consideración en la Cámara de Representantes mientras trabajamos para asegurar que esta legislación se convierta en ley”, dice la legisladora, quien es dura crítica del gobierno de Daniel Ortega Saavedra.
Ante esta fuerte ley que traerá fuertes daños a la economía nicaragüense, la vicepresidenta Rosario Murillo, manifestó que “el Estado ha iniciado un Proceso Jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica, el Pago de la Indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), como compensación por los daños fatales ocasionados al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa Potencia en los Asuntos Nacionales”, dijo Murillo.
Todavía no se sabe lo que se relaciona a la respuesta de Nicaragua, que reactivará el caso que gana este país centroamericano ante la CIJ, por daños a esta pequeña nación, que en ese momento el gobierno sandinista estimó en 17 mil millones de dólares, pero que después la administración de doña Violeta Barrios de Chamorro en los noventa, decidió no hacer el proceso del pago.
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