Un grupo de ciudadanos hondureños retornados tras su repatriación. La cancelación definitiva del TPS ha encendido el debate político y económico sobre la capacidad de Honduras para absorber el flujo de retornados y proteger las remesas.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Guatemala han deportado a 30.965 hondureños entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, según informó Carlos Cordero, titular del Instituto Nacional de Migración (INM). El desglose de los datos oficiales revela que la inmensa mayoría de las repatriaciones se realizaron desde EE.UU. por vía aérea, sumando un total de 27.828 ciudadanos, mientras que desde México fueron devueltos 3.046 por vía terrestre y otros 91 desde Guatemala bajo la misma modalidad.
En una dinámica inversa, Honduras también ha servido como receptor temporal de 374 migrantes mexicanos deportados desde territorio estadounidense en el marco de un convenio de cooperación bilateral. A esta cifra se sumarán 31 ciudadanos más, respecto a los cuales el titular del INM aseguró que ya se coordinan acciones para que puedan “regresar a sus casas” de manera segura en México.
El fin del TPS y el impacto en las remesas
La comunidad hondureña en el exterior se mantiene en alerta tras confirmarse la suspensión definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que cobijaba a unos 55.000 compatriotas en situación irregular en EE.UU. Diversos sectores advierten sobre el riesgo inminente de una deportación masiva que golpee la entrada de remesas familiares, las cuales representan un pilar macroeconómico indispensable al superar los 10.000 millones de dólares anuales.
Pese a las alarmas, la canciller Mireya Agüero descartó un impacto inmediato o un retorno masivo abrupto, señalando que el Gobierno central se encuentra negociando activamente con la administración estadounidense. Sin embargo, Agüero reconoció que la terminación de este estatus de protección “es una realidad con efectos concretos”, especialmente luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) ratificara la cancelación y la Corte Suprema estadounidense limitara las opciones de revisión judicial mediante fallos emitidos en junio de este año.
Tensiones políticas y herencia diplomática
Ante la inminencia de las repatriaciones, el presidente Nasry Asfura solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses realizar una evaluación individualizada y analizar “caso por caso” la situación de los hondureños amparados por el TPS.
Asimismo, el mandatario atribuyó la pérdida de margen de negociación para salvar el programa de protección a las “malas relaciones bilaterales” que caracterizaron la gestión de su antecesora, Xiomara Castro, durante el periodo de gobierno 2022-2026.
