Por Julio Santos Caldera
En los últimos 40 años en Nicaragua y nuestra región centroamericana en general, ha existido poco reconocimiento al trabajo que desarrollan las y los recicladores de base, hombres y mujeres conocidos comúnmente como “churequeros” o “chatarreros”, el crecimiento demográfico, la falta de oportunidades de empleos, la migración de la zonas rural a la urbana, el crecimiento urbano, industrial y otros elementos son de las principales razones que inciden en que estas personas se dediquen a la recuperación de residuos lo cual representa un ingreso económico, teniendo como resultado el reciclaje informal.
La actividad principal de los y las recicladores es la recolección de material inorgánico, el cual lo obtienen de vertederos municipales y/o clandestinos, calles, causes, exponiéndose a distintos factores de riesgo que afectan su salud de forma significativa, como su bienestar físico (infecciones respiratorias y/o intestinales, conjuntivitis, neumonía, bronquitis), mental (dependencia a sustancias psicoactivas), social (aspecto físico y modo de vida), y enfermedades transmitidas por vectores (dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, etc). Su estilo de vida refleja la gran capacidad adaptativa que tiene el ser humano para soportar las dificultades y sobrevivir a los ambientes más adversos. Lo anterior nos da un marco de referencia a la realidad en las que viven y trabajan los recicladores de base.
Posterior a la jornada de recolección de los materiales inorgánicos los comercializan, pero estos tienen que enfrentarse a un grupo que sirven de intermediarios, que se deben a otros grupos o empresas que reciben los residuos sólidos para su procesamiento o su industrialización y adquieren la materia prima al costo que a ellos les complazcan y no como el reciclador lo merece, según datos del Centro de Tramites de las Exportaciones (CETREX), Nicaragua genera cerca de 40 millones de dólares anuales en exportación de residuos.
Durante diciembre 2016 y enero 2017, Jóvenes Ambientalistas realizó un recorrido por los vertederos del pacifico, centro y norte de nuestro país, con el objetivo de evidenciar de forma gráfica las condiciones en las que trabajan e incluso viven las y los recicladores y el riesgo que representa para la población el hecho que algunas alcaldías no brindan la atención que indican las normas ambientales referente al manejo adecuado de los residuos.
La Asamblea Nacional actualmente mantiene en su agenda parlamentaria la aprobación en lo particular de Ley Especial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos, ley que viene a reconocer la figura de las y los recicladores, quienes integran a la población social y económica más excluida en nuestro país, con esto el horizonte para este sector empieza a tener un mejor panorama, no obstante la ley es la punta de lanza de un proceso que articula esfuerzos de diferentes sectores (recicladores de base, gobiernos municipales, autoridades nacionales y las empresas)
Según fuentes de la Alcaldía de Managua nuestra capital genera cerca de 1,800 toneladas de basura diaria donde el 60% es orgánica y el otro 40% es inorgánica (plástico, vidrio, aluminio, entre otros), de lo cual se recicla menos del 15%, por tanto debe ser una prioridad para el sector de reciclaje la implementación de experiencias exitosas de recuperación, separación y reciclaje de carácter formal, asimismo proponer en las municipalidades el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la generación de energía, biogás y abono.
Es importante que los gobiernos municipales y las empresas privadas reconozcan el aporte significativo que generan las y los recicladores de base, la gestión de residuos reduciendo la acumulación y mejorando el sistema de recolección y disposición final de los mismos.
Unos de los principales retos de las y los recicladores de base es invertir en su organización, formación y capacitación, que les permita un desarrollo Humano integral social y crecimiento económico, generar valores agregados a su actividad de separación y reciclaje de material inorgánico, establecer alianzas con empresas privadas, gobiernos locales, sociedad organizada, para armonizar la correcta gestión integral de residuos sólidos.
