BOGOTÁ — El gobierno de Venezuela usa la ayuda humanitaria como una arma para el control social y roba fondos de un programa de asistencia alimentaria a costa del sufrimiento de los habitantes de la nación petrolera, denunciaron la semana pasada funcionarios de Colombia, Estados Unidos, México y Panamá.
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Funcionarios de esos países de temas relacionados con Hacienda y control de activos hicieron pública la denuncia a través de una declaración conjunta, tras una reunión en la caribeña ciudad de Cartagena en la que compartieron información sobre personas corruptas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus redes de apoyo.
“Los participantes reconocieron la importancia de la coordinación internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo del presidente Maduro. El grupo notó que el régimen usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social”, dijo la declaración.
“Además, los Ministerios de Hacienda de los cuatro países condenaron el robo de fondos del programa venezolano de ayuda alimentaria (conocido como CLAP) y compartieron información financiera sobre redes de corrupción que se están beneficiando a costa del sufrimiento del pueblo venezolano”, agregó.
Los asistentes tomaron la decisión de incorporar a otros países en una investigación conjunta internacional para detectar las redes de corrupción de las que se benefician funcionarios del gobierno de Venezuela con los recursos de asistencia humanitaria.
“Esta cooperación se basa en el compromiso de alto nivel de la región para apoyar al pueblo venezolano y responsabilizar a quienes corresponde por la crisis política, social, y económica en Venezuela”, concluyó el documento.
Inmediatamente no hubo ninguna reacción del gobierno de Caracas que ya ha recibido sanciones económicas de Canadá, Estados Unidos y otros países por violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico.
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Venezuela enfrenta una grave crisis política, económica y social con escasez de alimentos, medicinas y una hiperinflación que ha provocado la salida de miles de ciudadanos hacia Colombia y otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Los gobiernos de Bogotá y Washington dijeron en abril que sospechaban de autoridades de la Fuerza Armada y funcionarios de Venezuela encargados de distribuir alimentos por el robo o apropiación indebida de fondos, a menudo con la ayuda de empresarios e individuos que viven fuera de la nación petrolera.